Uno de cada siete

Las elecciones del 4 de octubre se acercan y la atención de los medios y los electores capitalinos está centrada fundamentalmente en la competencia por la alcaldía de Lima, por la relevancia política del cargo. La verdad, no obstante, es que ese día los peruanos tendremos que tomar muchas otras resoluciones tanto o más importantes que aquella. Lo que estará en juego ese día, entre otras cosas, serán 25 gobiernos regionales, que dispondrán de una capacidad de decisión y un presupuesto considerables:

una razón más que suficiente para que –ya que en muchos casos los partidos y movimientos no parecen haberlo hecho– la ciudadanía analice con cuidado a los aspirantes a asumir esa responsabilidad. Y decimos que las organizaciones políticas darían la impresión de haber sido negligentes en esa tarea, porque en 23 de las referidas 25 regiones postula al menos un candidato con sentencias penales sobre sus espaldas. Concretamente, 49 de los 329 individuos que buscarán convertirse en gobernadores regionales en estos comicios están en esa situación.

Esto es, uno de cada siete, por increíble que parezca.Las sentencias más frecuentes atañen a delitos como colusión, cohecho, negociación incompatible, peculado y usurpación, particularmente alarmantes en quienes quieren convertirse en funcionarios. Y no son pocos los candidatos que acumulan más de una... Hay, además, regiones en las que la cantidad de postulantes con este problema es pasmosa. En Huánuco, por ejemplo, son 4 de los 13 que pugnan por el cargo. En Arequipa, 4 de 18. Y en Ucayali, 4 de 16.

Las regiones de Lambayeque, Loreto, Madre de Dios y Moquegua, por otra parte, tienen 3 candidatos con sentencias penales a cuestas.Como se sabe, supuestamente basta una sentencia condenatoria en primera instancia para que una persona no pueda presentarse a una elección de este tipo. Lo dice el artículo 34 A de la Constitución... Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha introducido excepciones a esa prohibición y ha establecido criterios bajo los cuales sí puede hacerlo. Uno de ellos es la rehabilitación del sentenciado.

De cualquier forma, sin embargo, entregarles a sujetos de las características mencionadas manejos presupuestales y, en general, capacidades administrativas que podrían comprometer el desarrollo tantas veces postergado de determinadas regiones no es algo que los ciudadanos debamos hacer a ciegas. Por eso, poner a su disposición la información correspondiente, como estamos haciendo en esta oportunidad, resulta primordial. De nada servirán, no obstante, estas advertencias si es que luego no extraen de ellas las conclusiones que se derivan naturalmente.