Patricia Juárez dice que el predictamen de la Comisión de Constitución plantea siete puntos adicionales sobre facultades

El predictamen que la Comisión de Constitución del Senado debate este jueves, desde las 11:00 a.m., incluye siete puntos adicionales a lo aprobado por la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori , Así lo anunció la senadora e integrante de este grupo de trabajo, Patricia Juárez.

En Ampliación de Noticias , Juárez explicó que los puntos adicionales, que elevarían a 27 las materias en las que el Ejecutivo podría emitir decretos legislativos, están vinculados a la lucha contra la criminalidad.  

La senadora oficialista explicó que se plantea la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan dentro de las cárceles, dado que ese punto fue retirado del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

La legisladora sostuvo que esta medida contribuiría a la lucha contra la criminalidad y aclaró que no implicaría que los militares asuman la administración de los establecimientos penitenciarios.

Como ejemplo, Juárez mencionó la situación del penal El Milagro, donde, según indicó, la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona exterior y el control de los ingresos han contribuido a reducir en casi un 50 % las visitas. Explicó que los militares también realizan revisiones al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional.

Entre las medidas mencionó el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y del Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de desarrollar labores de inteligencia operativa.

Al respecto, Juárez sostuvo que estas acciones están orientadas a obtener, procesar y analizar información para identificar amenazas, determinar sus capacidades y facilitar decisiones operacionales que permitan anticipar riesgos e intervenir de manera eficaz.

Asimismo, rechazó las críticas sobre un eventual uso de estas facultades para realizar seguimientos indebidos y aseguró que no se busca amparar ese tipo de prácticas.

Otro de los puntos que se abordará será la calificación de grupos hostiles como terroristas, negando que esta medida implique perseguir a organizaciones sociales o a grupos que protesten contra el Gobierno.

Según explicó, la propuesta busca establecer un mecanismo para identificar a grupos que cuenten con armamento de guerra, control territorial y otras características que justifiquen un tratamiento diferenciado.