Guerra contra la delincuencia: conoce las medidas que podrían aplicarse con las facultades

Tras su aprobación por la Cámara de Diputados, el dictamen de delegación de facultades solicitadas por el Ejecutivo pasó a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para su análisis, debate y eventual aprobación antes de llegar al pleno de la Cámara Alta.

El dictamen delega al Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y la atención al fenómeno El Niño. En el primer caso se consideran medidas claves para una lucha más eficaz contra la delincuencia y el crimen organizado.

¿Cuáles son las medidas más importantes?

1. Geolocalización de celulares usados para delitos

Se faculta al Gobierno fortalecer los mecanismos de identificación, localización y geolocalización de los equipos celulares utilizados para la comisión de delitos, así como el registro, la trazabilidad, identificación y suspensión, baja y bloqueo de líneas empleadas ilícitamente.

Para ello, se fortalecerán las competencias de supervisión y fiscalización del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y las obligaciones administrativas de las empresas operadoras respecto de las líneas y equipos ilícitos.

2. Bloqueo efectivo de llamadas desde las cárceles

Para contrarrestar las extorsiones originadas dentro de las carceletas y penales, se dictarán normas que permitan implementar tecnología avanzada capaz de detectar, identificar y bloquear señales de comunicación ilegales emitidas desde los establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

El texto precisa que estos bloqueos deberán realizarse con precisión técnica para no interrumpir la cobertura celular de los ciudadanos y vecinos que habitan en las zonas aledañas.

3. Control de armas de fuego y licencias

Se eliminará el beneficio de registrar armas ilimitadas bajo las modalidades de caza y deporte. De igual modo, la normativa se endurecerá en el ámbito penal: se tipificarán con mayor rigor las denuncias falsas por supuestas pérdidas o robos de armas (sancionándolas con la cancelación definitiva de la licencia de por vida).

Además, se castigará penalmente la suplantación de identidad para adquirir o portar armamento.

Se contemplan cambios sustanciales en la gestión de los penales; entre ellos, autorizar la cesión de cuarteles de las Fuerzas Armadas, a fin de reacondicionarlos como recintos penitenciarios, bajo administración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para los reclusos de baja peligrosidad.

Asimismo, en el marco de la responsabilidad penal de adolescentes, los jóvenes en conflicto con la ley penal que cumplan la mayoría de edad mientras tengan condena por delitos graves, serán trasladados de los centros juveniles a unidades diferenciadas y de máxima seguridad de penales comunes.

5. Mano dura contra la extorsión, el sicariato y la ciberdelincuencia

Se endurecerán las sanciones y se limitarán los beneficios procesales para delitos de alto impacto como la extorsión, el sicariato, el secuestro y la minería ilegal.

Se acortarán las opciones de conversión de penas privativas de la libertad y la terminación anticipada para estos delitos lesivos. Asimismo, se actualizará la Ley de Delitos Informáticos para perseguir la suplantación digital, fraudes en línea y el uso de tecnologías por parte de redes de delincuencia organizada.

6. Garantías para la denuncia digital

Asimismo, se optimizará la plataforma de Denuncia Digital para asegurar la trazabilidad y privacidad de los denunciantes sin que el registro informático signifique por sí solo una prueba condenatoria automática.

Igualmente, se consolidará operativamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión para acelerar el juzgamiento articulado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El dictamen es materia de debate en la Comisión de Constitución del Senado antes de pasar al pleno de la Cámara Alta. De ser aprobado, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días calendario para promulgar las medidas vía decreto legislativo.