Diputados acusan a Kast de exceder sus atribuciones por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas

Cinco diputados chilenos de oposición presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República con el fin de que revise cómo entró Chile al Escudo de las Américas, la alianza promovida por Washington para combatir el crimen organizado en el continente. Los parlamentarios Luis Cuello, Juan Santana, Daniela Serrano, Jaime Bassa e Irací Hassler sostienen que el presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna asumieron compromisos que van más allá de sus facultades.

El documento, ingresado el mismo día en que el canciller acudió a la Cámara de Diputados a exponer su gestión, pide a Contraloría pronunciarse con respecto a la legalidad de la suscripción y sobre el contenido de los instrumentos que conforman el acuerdo. La solicitud apunta a un punto de partida concreto. El 22 de septiembre, Cancillería comunicó que Chile se sumaba a un marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos, con énfasis en intercambio de datos, capacitación policial y control fronterizo.

Ese mismo día, el Departamento de Estado estadounidense divulgó la Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica, firmada por 15 países.

Ese texto, según los requirentes, muestra un alcance muy superior al que se informó en Santiago. La declaración se organiza en tres ejes, económico, de seguridad y de coordinación multilateral. Menciona cadenas de suministro de minerales críticos, cooperación en inteligencia y una petición a la OEA para evaluar una acción colectiva contra grupos narcoterroristas bajo el TIAR.

Los diputados citan la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para argumentar que la naturaleza de un acuerdo no depende de su nombre, sino de los compromisos que crea entre los Estados. Aunque la declaración usa fórmulas como la intención de adoptar medidas o acciones que los países se proponen realizar, los parlamentarios afirman que varias cláusulas están redactadas con precisión suficiente para producir efectos jurídicos.

Por su parte, Juan Santana puso el foco en el fondo del asunto y no solo en la forma. "Nuestro país nunca había tomado una opción, insisto, tan subordinada contra una potencia mundial como lo está haciendo el gobierno de José Antonio Kast", declaró.

El requerimiento identifica dos terrenos donde los compromisos suscritos tocarían materias reservadas a la ley. El primero son los minerales críticos. La declaración propone resguardar sus cadenas de suministro con fuentes diversificadas y confiables. Para los diputados, esa fórmula podría incidir en el régimen jurídico del litio y exigir cambios legales, algo que excede la potestad administrativa del Ejecutivo.

El segundo terreno es el concepto mismo que da título a la declaración. Los parlamentarios sostienen que la expresión soberanía hemisférica choca con el artículo 5 de la Constitución chilena, que establece que la soberanía reside esencialmente en la Nación. Según su lectura, esa idea supone una soberanía colectiva o compartida con otros Estados, incompatible con la definición constitucional. Por eso piden a Contraloría que solicite a Cancillería el texto original de la declaración y las firmas respectivas.

El capítulo de seguridad concentra la advertencia más delicada. La declaración contempla más intercambio de inteligencia y cooperación tecnológica, y plantea activar mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para estudiar una resolución que facilite una acción colectiva contra organizaciones narcoterroristas.

Los diputados leen ese punto como una puerta abierta a operaciones de fuerzas extranjeras en territorio chileno, lo que chocaría con las normas nacionales que regulan el ingreso de tropas. "El acuerdo suscrito por Chile busca la implementación de un mecanismo que facilita la operación de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional", acusó Cuello.

El requerimiento pide a Contraloría solicitar a Cancillería todos los documentos, anexos, protocolos y memorándums que componen el Escudo, además de los actos administrativos derivados. También solicita un pronunciamiento sobre la legalidad de la suscripción chilena y de las disposiciones contenidas en los instrumentos del acuerdo.