El 80% de las regiones llega a las elecciones con mayores riesgos de corrupción: entre obras paralizadas y contrataciones a un solo postor

A menos de dos semanas para las elecciones regionales y municipales, un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela el escenario que encontrarán las próximas autoridades: 19 de las 25 regiones del Perú presentan riesgos elevados de corrupción y mal uso de los recursos públicos.

Se trata del primer Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026, que evalúa dos grandes pilares como son la gestión pública y eficiencia administrativa, así como el desempeño institucional y control de la corrupción.

¿El resultado? Ninguna región tiene condiciones para evitar la corrupción y hacer buen uso de los recursos, como lo explica Martín Valencia, gerente de Estudios Económicos del IPE.

"El IRIS es un instrumento que evalúa las condiciones y las prácticas que tienen los gobiernos regionales y locales que facilitan o dificultan los actos de corrupción y el mal manejo de recursos públicos. Por ejemplo, muchos de los indicadores que incluimos son de las características de las contrataciones del Estado. Si éstas son muy fraccionadas, si éstas se dan al último año, lo cual puede generar problemas de sobreprecio, si hay muchas obras paralizadas o abandonadas, que puede dar también algún indicio de que hubo algún procedimiento viciado", apuntó.

Este panorama se ha deteriorado frente a los últimos cinco años. En 2019, solo tres regiones estaban ubicadas en los niveles altos de caer en corrupción. Hoy, esa cifra se triplicó y llega a 10 regiones, entre ellas Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima Provincias y Tumbes.

"El IRIS en los últimos años muestra un deterioro en su pontaje general en ambos pilares, pero sobre todo en el pilar de desempeño institucional y control de la corrupción. Y entre los indicadores de este pilar, principalmente en dos aspectos. Primero, el deterioro de la percepción positiva de los ciudadanos respecto a su gobierno regional y local.Ha caído en casi todas las regiones. Había un deterioro respecto a la aprobación que tenemos los ciudadanos de nuestras autoridades subnacionales. Y segundo, había un aumento importante de las denuncias por corrupción", anotó.

Este riesgo también aparece en cómo se manejan las obras, las contrataciones y cómo se utiliza el gasto público. El IPE encuentra que el 62% de las obras de los gobiernos regionales y municipalidades están paralizados o abandonados.

El caso más crítico es Tumbes con un riesgo muy alto de corrupción, según este ranking. Allí, el 72% de obras está paralizado; y el 43% de las contrataciones se hizo directamente con una empresa, sin un proceso competitivo entre proveedores. Así lo explica Martín Valencia del IPE.