Nuevas reglas de disciplina escolar reciben respaldo, pero advierten que sanciones no bastan para resolver la violencia

Los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación (Minedu) para fortalecer la disciplina escolar suman respaldo entre docentes y representantes del sector, aunque también han generado cuestionamientos sobre algunas de las conductas que podrían ser consideradas faltas graves y sobre el alcance de las expulsiones.

Mientras el Gobierno defiende la necesidad de recuperar la autoridad en las aulas, especialistas piden que las sanciones no se conviertan en la principal respuesta frente a la violencia escolar. La propuesta, presentada el lunes por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Educación, José Antonio Chang, todavía se encuentra en etapa de consulta. El Minedu abrió un periodo de 15 días para recibir aportes antes de definir el texto definitivo.

La viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, defendió la necesidad de establecer reglas claras, pero remarcó que la aplicación de la disciplina también requiere criterio docente.

Ponce informó que el sector está organizando capacitaciones para que los docentes sepan cómo actuar ante faltas graves y muy graves. Además, Minedu evalúa que los psicólogos de colegios públicos orienten también a padres de familia. “Esto también viene de casa”, señaló.

Desde el sector privado, Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri), también respaldó que las instituciones cuenten con herramientas para responder ante conductas graves y agresiones contra docentes y trabajadores.

Quintanilla, sin embargo, ha pedido que los colegios privados participen en la elaboración de las reglas antes de su aplicación.

Según señaló, Anacopri ya remitió documentos al Minedu y a la Presidencia de la República para solicitar reuniones con los equipos legales y técnico-pedagógicos encargados de la reglamentación.

El pedido cobra relevancia porque el proyecto contempla disposiciones para instituciones públicas y privadas, aunque los colegios particulares deberán revisar y adecuar sus propios reglamentos internos de acuerdo con sus características y las normas vigentes.

La viceministra de Gestión Pedagógica, Fabiola Ponce, señaló que estos centros deberán establecer las disposiciones correspondientes dentro de sus reglamentos y que los padres deben conocerlas antes de matricular a sus hijos.

Minedu afirma que busca comprometer a las familias en la educación.

Desde La Libertad, el secretario regional del Sutep, Sergio Pinedo, respaldó los nuevos lineamientos y consideró que permitirán recuperar autoridad dentro de los colegios.

El dirigente afirmó que con las reglas actuales los maestros pueden afrontar procesos administrativos luego de intervenir frente a estudiantes indisciplinados.

Kelvin Álvarez, director regional de Educación de Huánuco, expresó: "Yo estoy de acuerdo con la mayoría de las medidas: así se retorna al directivo, al docente", declaró.

En una línea similar, Richard Rubio, exdirector de Gestión Pedagógica de la DRELM, indicó que la propuesta "le devuelve a las escuelas el principio de autoridad" y responde a un problema de violencia que ya está instalado en la sociedad.

Sin embargo, Rubio marcó distancia con algunos aspectos del proyecto. El especialista consideró cuestionable que conductas como las tardanzas, el uso indebido del celular o la acumulación de faltas leves puedan escalar a la categoría de falta grave.

Pilar Sanz, decana adjunta de Educación de la UCSUR, planteó que cada caso debe ser evaluado individualmente y que las sanciones deben acompañarse de prevención, disciplina pedagógica y trabajo conjunto entre la escuela y las familias.

Mientras la viceministra Ponce precisó que la expulsión debe ser el último recurso, Sanz advirtió que el mecanismo no resolverá por sí solo el problema de la violencia.

La presidenta Fujimori aseguró que la política integral de Minedu continuará adelante y es ‘‘irreversible’’.

DATO. Los padres de familia que no acudan a los colegios cuando las autoridades los convoquen por problemas de conducta de sus hijos podrán ser denunciados ante el Ministerio Público y la Defensoría del Niño y del Adolescente.