Ferry Torres Huamán: candidato de Amazonas acumula más de S/ 400 mil en reparaciones civiles y una pena efectiva pendiente

Posible reelección de alcaldes de Lima: radiografía de las gestiones de siete burgomaestres distritales y del exalcalde municipalRenuncias masivas de candidatos: Estos son los 63 casos de reelección encubierta a nivel nacionalFerry Torres Huamán, candidato de Juntos por el Perú por Amazonas, es el segundo candidato regional del país con más sentencias penales, con siete en total. El postulante acumula 10 años de pena privativa de libertad suspendida y S/ 414.841,95 en reparaciones civiles.

Además, de acuerdo con información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registra una condena de seis años de pena privativa de libertad efectiva, pendiente de ejecución.Todo comenzó en el 2013, cuando era alcalde provincial de Bagua y recibió dos sentencias penales. Una de ellas fue por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, por la que se le impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida y el pago de S/ 1.000 de reparación civil.

Ese mismo año, además, fue vacado del cargo por contravenir las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.En 2021, cuando nuevamente se desempeñaba como alcalde provincial de Bagua, recibió otra sentencia por el delito de negociación incompatible. Se le impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida y el pago de S/ 7.583,61 de reparación civil.Ese mismo año, en plena pandemia, intentó escapar de una intervención policial a través del techo de una vivienda luego de ser encontrado tomando licor en una reunión social.

La exautoridad edil fue intervenida junto a un grupo de jóvenes por incumplir las restricciones dispuestas durante el estado de emergencia.En 2023, recibió una condena por el delito de colusión, por la que se le impuso una pena privativa de libertad efectiva de seis años, cuya ejecución quedó condicionada a que la sentencia quede consentida. Además, se le ordenó pagar S/ 406.258,34 de reparación civil.Sus dos últimas sentencias datan del 2024 y corresponden a delitos contra la administración de justicia.

Por cada una, se le impuso un año de prisión suspendida.Este Diario se comunicó con un representante de Juntos por el Perú para conocer la posición del partido y solicitar que nos derivaran con el candidato.

El representante indicó que había enviado la solicitud a un miembro del partido para que la derivara a los canales correspondientes, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta.Candidatos a gobernadores regionales acumulan 98 sentencias penalesA pocos días de la contienda electoral, El Comercio obtuvo el registro de las sentencias penales de los candidatos a gobernadores regionales.

Según información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de los 329 postulantes, 49 registran al menos una sentencia penal y, en conjunto, acumulan 98 sentencias.Guillermo Cornelio Chino Mori es el candidato que acumula la mayor cantidad de sentencias penales, con 18 en total. Postula al Gobierno Regional de Ucayali por Alianza para el Progreso. Una de estas sentencias corresponde al delito de negociación incompatible y fue dictada en el 2015.

Por este caso, se le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva.Ferry Torres Huamán, candidato de Juntos por el Perú (Amazonas), es el segundo postulante con más sentencias penales, con siete en total. Una de ellas fue dictada en el 2023 por el delito de colusión, por el que se le impuso una pena de seis años de prisión efectiva. La ejecución de esta pena quedó condicionada a que la sentencia quede consentida.Entre los candidatos con más sentencias penales, le sigue Álvaro Renato Calderón, de Fe en el Perú (Lambayeque), con cinco sentencias.

Después, con tres sentencias cada uno, están Juan del Carmen Vásquez Cruzado, del Partido Frente de la Esperanza 2021 (Áncash); Elmer Cáceres Llica, de Alianza para el Progreso (Arequipa); Tedy Vásquez Cárdenas, de Perú Moderno (Loreto); Luis Dante Zubia Cortez, de Podemos Perú (Moquegua);

y Miguel Ángel Quispe Palomino, de Alianza Regional por el Perú (Pasco).AnálisisEn diálogo con El Comercio, la especialista en derecho electoral Silvia Guevara advirtió que una persona con una sentencia condenatoria, incluso en primera instancia, está impedida de postular, de acuerdo con el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, la normativa del Jurado Nacional de Elecciones contempla excepciones y establece criterios bajo los cuales una persona podría postular pese a registrar una sentencia.

Uno de ellos es haber sido rehabilitada.“Eso condujo a que el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en elecciones previas, permitiera la postulación de personas que estaban impedidas. Eso ocurrió con Mario Vizcarra, quien estaba impedido, pero el Jurado determinó que podía postular. Eso permitió que varias personas en esa situación fueran candidatas. Hasta el día de hoy, si una persona tiene una sentencia en primera instancia, no puede ser candidata según la Constitución.

Sin embargo, a nivel de la normativa electoral, se ha dado paso libre”, agregó.La experta consideró que debe haber una mayor rigurosidad a través de una reforma clara que determine un catálogo de delitos que impidan una postulación. “Llama mucho la atención que las mismas organizaciones políticas no hayan tenido los filtros suficientes respecto de los candidatos que están poniendo a disposición de la ciudadanía”, concluyó.DescargosEl Comercio se contactó con representantes de los partidos de los candidatos que registran más sentencias penales.

Hasta el cierre de esta nota, dos respondieron.Juan del Carmen Vásquez Cruzado, del Partido Frente de la Esperanza 2021 (Áncash), explicó a este Diario que las tres sentencias corresponden a hechos que, según señaló, no estuvieron vinculados con actos de corrupción.Sobre la primera, por usurpación, sostuvo que se originó cuando apoyó a un asentamiento humano y una empresa pesquera inició un proceso judicial en su contra. “Fue un acto social, no delincuencia.

Si bien se puede decir que cometí un error en el ámbito legal, cumplí un objetivo social y asumí mi responsabilidad”, señaló.Respecto de la segunda, indicó que se originó durante su gestión como alcalde, a raíz de un proceso administrativo relacionado con un trabajador municipal. Según explicó, respetó el procedimiento y el trabajador fue retirado, pero posteriormente acudió al Poder Judicial, obtuvo un fallo favorable y fue reincorporado.

No tiene nada que ver con corrupción”, concluyó.Por su parte, Tedy Vásquez Cárdenas, de Perú Moderno (Loreto), señaló a este Diario que declaró sus antecedentes ante el Jurado Nacional de Elecciones y que las penas correspondientes ya fueron cumplidas.“Nunca he pretendido ocultar ningún aspecto de mi vida ni de mi trayectoria. [...] No reniego de mi pasado ni pretendo presentarme ante la población como una persona que nunca tuvo dificultades.

Creo que las personas debemos ser capaces de asumir nuestros actos, cumplir lo que corresponde y aprender de las experiencias de la vida”, sostuvo.Perú Moderno agregó que estos antecedentes fueron evaluados por el Jurado Electoral Especial de Maynas, en el marco de una solicitud de exclusión presentada contra la candidatura. Según la organización política, el órgano electoral analizó los hechos y declaró improcedente dicha solicitud.