El milagro peruano al revés, por Víctor Fuentes Campos

La agroexportación es una postal del éxito peruano: inversión, tecnología y acceso a mercados que transformaron una actividad incipiente en una industria mundial. Pero otro auge amenaza con convertirse en nuestro verdadero milagro al revés: el oro ilegal. Los altos precios internacionales y un Estado incapaz de combatirlo alimentan su expansión. Una misma bonanza encuentra a la actividad ilegal en ascenso y a la legal perdiendo terreno. Una reciente actualización del IPE estima que en 2026 más de la mitad del oro exportado por el país sería de origen ilegal. ¿Sorpresa? Para nada.

El virtual empate al cierre de 2025 ya anticipaba este desenlace. El valor exportado este año alcanzaría al menos US$16 mil millones. Si se contabilizara como un rubro separado, sería el segundo de mayor valor exportado, solo detrás del cobre (US$30 mil millones), e incluso superaría ligeramente la suma de todas las agroexportaciones (US$15 mil millones). Con estos ingresos, queda claro que estamos ante una industria, muy lejos de la imagen de una actividad marginal. Un factor clave es la cotización internacional del mineral.

Entre 2020 y 2023, el precio del oro rompió nueve veces sus propios récords. Desde 2024 a la fecha, lo ha hecho 102 veces. Sin embargo, frente a los buenos vientos externos, solo la actividad ilegal despegó. El precio internacional beneficia a legales e ilegales, pero las condiciones para aprovecharlo son muy distintas. Las exportaciones de oro de origen ilegal como proporción del total despachado pasarían de 18% en 2009 a por lo menos 52% en 2026. Del otro lado, la producción legal retrocede y no hay nuevos proyectos en cartera que inicien pronto operación y permitan revertir esa caída.

Además, recuperar terreno se vuelve más difícil cuando la inversión formal debe enfrentar, además de la permisología, a una minería ilegal que invade sus concesiones. Y, sin embargo, esta sí avanza donde se frustraron grandes proyectos, como Conga. Así, el récord exportador del oro encubre una transformación dolorosa: la ilegalidad gana el espacio que la actividad legal pierde. Veamos la lógica. Una operación legal debe financiar permisos, seguridad laboral y obligaciones ambientales, además de pagar impuestos.

La extracción ilegal puede eludir parte de esas obligaciones y trasladar sus consecuencias a trabajadores y comunidades. El Instituto de Criminología documenta trabajo forzoso, trata de personas y explotación infantil en La Rinconada, Ático y Pataz. La vulneración de derechos humanos forma parte de las condiciones que sostienen este negocio. Si, además, es improbable que la autoridad detecte la operación y sancione a sus responsables, entonces estamos ante un negocio redondo: tiene todos los beneficios y ninguno de los costos u obligaciones.

¿Cómo hemos llegado al punto en el que el segundo mayor producto de exportación tiene un origen ilegal? La respuesta empieza con el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo temporal de transición para pequeños mineros y mineros artesanales. Sus múltiples extensiones y el blindaje de responsabilidad administrativa, civil y penal lo convirtieron en un paraguas de legalidad para la expansión de la principal economía ilegal del país.

Así, si permanecer en el proceso permite seguir operando y cada vencimiento trae una nueva oportunidad de prórroga, disminuye la urgencia de culminarlo. En ese sentido, resulta positivo que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite la demanda del Colegio de Abogados de Loreto contra la ley que lo prorrogó. La escala de esta actividad obliga a mirar más allá de la extracción. El mineral necesita insumos, plantas, transportistas y empresas que lo exporten. El Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO) recibe poca atención en el debate.

En lo que va de 2026, se registran diariamente, en promedio, 3,5 empresas procesadoras y 2,1 comercializadoras, casi el triple que antes de la pandemia. Esa expansión exige comprobar que sus compras correspondan a lo que sus proveedores pueden producir legalmente. El registro de una empresa no acredita el origen del oro. ¿Qué opciones tenemos? Empecemos por qué cosas no hacer. El Gobierno puede cerrar el Reinfo y mantener intacto el incentivo que explica su fracaso.

Ese es el riesgo de la propuesta del Minem, que plantea que no haya otra ampliación del registro, pero que sus inscritos vigentes continúen bajo un nuevo proceso de formalización más simplificado. La condición de inscrito vigente no basta para distinguir a quienes quieren y pueden formalizarse de quienes no. Si el nuevo mecanismo omite esa diferencia, el cambio equivaldrá a otra prórroga. La trayectoria del Reinfo debería servir de advertencia:

los esfuerzos de formalización iniciados en 2002 han cambiado de nombres, requisitos y plazos mientras la actividad que debía ordenarse adquiría mayor escala y financiamiento. En ese sentido, simplificar procedimientos ayudará a los pequeños productores que quieren y pueden formalizarse. Querer debe expresarse en avances verificables, mientras que poder supone que su actividad pueda cumplir las exigencias legales, técnicas y ambientales. A ellos les corresponden requisitos claros, asistencia técnica y autoridades capaces de resolver sus expedientes.

Una demora del Estado no demuestra falta de voluntad del minero. Pero una operación en una zona prohibida no se vuelve formalizable por estar inscrita. Quienes desarrollan actividades que no pueden ejercerse legalmente o persisten en incumplir deben enfrentar fiscalización y sanciones, incluida la interdicción cuando corresponda. Por eso, esa distinción exige trazabilidad, fiscalización y control territorial. Cada operación debe acreditar dónde extrae, cuánto puede producir y a quién vende. Esa información debe coincidir con el mineral que reciben los intermediarios y finalmente se exporta.

Los registros deben orientar inspecciones y permitir seguir el dinero hasta quienes financian la extracción ilegal. Las intervenciones deben sostenerse para impedir que el negocio se recomponga. El éxito se medirá en productores formalizados y en operaciones ilegales que dejen de funcionar. Los precios internacionales seguirán fuera de nuestro control, pero las reglas y su cumplimiento son responsabilidad nuestra. Mientras operar al margen de la ley resulte más viable que cumplirla, cada nueva alza del oro reforzará esa ventaja.

Así, el milagro peruano al revés seguirá sumando exportaciones y restándole al Estado capacidad para gobernar el territorio.