Seguridad ciudadana: ¿Qué medidas puso en marcha el gobierno para frenar al crimen?

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori impulsa un conjunto de medidas para enfrentar la criminalidad organizada, las extorsiones y el sicariato, mediante operaciones conjuntas, coordinación entre instituciones y acciones de control penitenciario. ¿En qué consisten? Conoce los detalles.

1. Comando Unificado contra la criminalidad

El pasado 7 de octubre, la presidenta anunció la que articula las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar a las organizaciones criminales. Esta estrategia contempla un despliegue inicial de 1,350 efectivos y la instalación de un Centro de Control y Operaciones en el Cuartel General del Ejército, desde donde se dirigirán las acciones.

El también está integrado por 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas.

- Operativos de búsqueda y captura en el territorio nacional.

- Operaciones de inteligencia conjuntas para identificar y desarticular organizaciones criminales.

- Intervenciones en zonas priorizadas por su incidencia delictiva.

- Conformación de un Grupo Especial de Élite de la PNP y las FF. AA. para operaciones especiales.

- Acciones para expulsar a extranjeros que hayan ingresado al país para delinquir.

Por ello, el despliegue incluye unidades policiales especializadas, drones, vehículos blindados y otros medios tácticos. El objetivo operativo anunciado es coordinar la respuesta de ambas instituciones frente a delitos como la extorsión y el sicariato.

2. Comisión Multisectorial de Alto Nivel «Perú en Orden»

Asimismo, el 14 de octubre, el Ejecutivo oficializó, mediante el , la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, denominada .

A diferencia del Comando Unificado, esta instancia no dirigirá las operaciones policiales o militares, sino que su función será coordinar, supervisar y hacer seguimiento político y estratégico a las acciones del Ejecutivo contra la criminalidad.

La comisión será presidida por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y estará conformada por los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, y Relaciones Exteriores. Su participación será indelegable y ad honorem . Entre sus principales atribuciones figuran:

- Emitir alertas y recomendaciones a los sectores involucrados.

- Proponer iniciativas normativas al Consejo de Ministros.

- Plantear la priorización de recursos presupuestales ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

- Promover el intercambio de información estratégica y reservada entre entidades públicas y privadas.

- Monitorear las medidas adoptadas por las instituciones competentes.

Además, la comisión supervisará las intervenciones vinculadas al , orientado a reducir los delitos violentos que afectan a la ciudadanía y las actividades económicas.

3. Control perimétrico militar en penales

Otra medida anunciada es el en los establecimientos penitenciarios de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad). La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, por un periodo de 60 días calendario, y comprende el perímetro exterior de los penales hasta un radio de 200 metros.

Cabe señalar que la medida busca impedir que las organizaciones criminales continúen coordinando delitos desde las cárceles hacia el exterior. Durante su vigencia, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con . Las acciones comprenden:

- Vigilancia y seguridad del perímetro exterior.

- Control del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato.

- Control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas.

- Operativos para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales del INPE.

¿Qué cambia dentro de las cárceles?

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conserva la administración y la custodia interna de los establecimientos, mientras que la intervención de las Fuerzas Armadas se concentra en el apoyo a la seguridad exterior.

Asimismo, durante el estado de emergencia se suspenden constitucionalmente, dentro del ámbito delimitado, los derechos relativos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Sin embargo, deben respetarse los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el ámbito legislativo, la Comisión de Constitución de la que otorga al Poder Ejecutivo facultades legislativas por 90 días en dos materias: seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño. La propuesta reúne cinco puntos relacionados con seguridad ciudadana y otros 15 vinculados al fenómeno climático.

Sin embargo, el dictamen aún debe completar el procedimiento legislativo. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, corresponde que el Senado lo revise, a través de la comisión competente y, posteriormente, del Pleno. En ese sentido, la Comisión de Constitución del Senado tiene previsto debatir y votar el predictamen correspondiente este jueves 15 de octubre.

Por tanto, las facultades solicitadas no deben considerarse aprobadas definitivamente mientras no concluya el trámite correspondiente. De obtenerse, permitirían al Ejecutivo legislar durante el plazo autorizado y dentro de las materias y los límites que establezca la norma aprobada.

De esta manera, mientras que el Comando Unificado concentra la articulación de las fuerzas del orden; la comisión «Perú en Orden» supervisa y coordina las medidas del Ejecutivo; y el estado de emergencia en los cinco penales refuerza la seguridad de sus exteriores. A ello se suma la búsqueda de facultades legislativas para adoptar nuevas disposiciones.