Rafael López Aliaga aprovecha vacío legal para no presentar sus gastos de campaña

Aunque Rafael López Aliaga postula formalmente como regidor, su campaña dice todo lo contrario. El líder de Renovación Popular asiste a los debates, protagoniza los paneles publicitarios por toda Lima y se promociona como la figura central del proceso municipal. Sin embargo, al haberse registrado como candidato a primer regidor y no para la alcaldía, queda completamente libre de rendir cuentas sobre sus gastos individuales ante la ONPE y, por ende, exonerado de la fiscalización financiera que sí se le exige a los candidatos a alcaldes.

Esto es posible porque a mediados del 2024, el Parlamento modificó el artículo 34.5 de la Ley de Organizaciones Políticas a través de la Ley N° 32058. Con esta reforma, los postulantes a regidores no tienen la obligación de presentar sus informes de ingresos y egresos.

Anteriormente, la normativa electoral obligaba a todas las candidaturas sin distinción a transparentar sus cuentas. "Las organizaciones políticas y los candidatos o sus responsables de campaña, según corresponda, presentan en dos (2) entregas obligatorias, la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral (…)”.

Ahora, tras la modificación aprobada por el Parlamento, la ley flexibilizó los controles e introdujo una singularidad para los aspirantes a regidores y consejeros.

Para entender la magnitud financiera que hay detrás de estas campañas, el experto en marketing político Cristopher Añanca explicó para La República que mantener una estrategia efectiva implica montos elevados que varían según el nivel de los requerimientos del equipo.

A esto se suma el despliegue de publicidad exterior en las principales vías de la ciudad —un elemento muy visible en las calles de Lima—, cuyos precios varían dependiendo del formato estático o digital.

A esto se suma que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro decidió archivar el proceso sancionador abierto contra la propaganda de López Aliaga. Aunque los fiscalizadores detectaron paneles y pintas en Breña que promocionaban su imagen como "Alcalde de Lima" pese a postular solo a regidor, el colegiado determinó que no se podía sancionar esta publicidad.

En su resolución, el JEE explicó que la ley exige que cualquier infracción esté previamente tipificada de manera expresa, y que la norma actual solo castiga la alteración o destrucción de propaganda ya permitida, más no la interpretación del contenido de los mensajes.

Para evaluar este escenario y el manejo financiero de la campaña, Kevin Advíncula, abogado y experto en derecho electoral señaló para La República que su inscripción formal como regidor no exime al político de su responsabilidad ante la ciudadanía, sobre todo cuando asume el rol principal de la campaña y se muestra como candidato a la alcaldía de Lima.

A esto, Advíncula añade que el político arrastra antecedentes y cuestionamientos previos que hacen aún más necesaria su rendición de cuentas. “(…) ya acumula una sanción firme y también hay otra observación de trámite. Por ejemplo, el manejo de los fondos públicos, el caso del libro que ha publicado Pancho Piérola. Entonces, debe informar voluntariamente sobre el financiamiento de su candidatura porque él está actuando como candidato a alcalde, no puede excusarse indicando que está postulando como regidor para efectos de evadir una exigencia legal”.

Al ser consultado sobre si este cambio en la normativa facilita que los verdaderos rostros de las campañas pasen sin rendir cuentas, el abogado advirtió que el problema se replica en todo el país.

Ante el riesgo de que figuras con alta intención de voto desplieguen campañas masivas sin fiscalización ni sanciones individuales, el experto apunta directamente a la inacción de las autoridades electorales.

Para el abogado especialista en derecho electoral Roy Mendoza, el problema central de esta estrategia no es solo la simulación política en las calles, sino el vacío técnico que deja a los organismos de control sin herramientas de fiscalización.

Al analizar el impacto de estas reconfiguraciones de listas, el especialista explica quela forma en cómo están establecidas las normas ha generado un problema que protege a los postulantes.

Además, Mendoza apunta contra la inacción del Jurado Nacional de Elecciones, advirtiendo que el verdadero daño de esta situación recae sobre los electores y la transparencia del proceso.