Hay casi 140 denuncias por corrupción en la Policía Nacional y en el Mininter

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los peruanos. Durante los últimos años, ocupó un lugar central en la agenda política, especialmente por los homicidios, sicariato, extorsión, secuestro, robos, asaltos y la sensación de que en determinados barrios el Estado tiene dificultades para controlar la criminalidad. Sin embargo, la fotografía actual es más compleja y persisten problemas estructurales como la corrupción en la Policía Nacional.

La tendencia creciente de denuncias por corrupción en la PNP y el sector interior no se detiene: se totalizan 139 denuncias del 1 de enero al 31 de agosto de 2026, con un promedio de 17 casos mensuales.

Tras un incremento sostenido, mes a mes, agosto se consolidó con la mayor cantidad de denuncias en lo que va del 2026, registrando un pico de 25 denuncias, sostiene el analista de datos, Juan Carbajal.

El 96,4% (134 denuncias) corresponden de forma específica a corrupción en la PNP, mientras que en el sector Interior registra el 3,6% (5 denuncias). Carbajal explica que Lima Metropolitana lidera ampliamente con 53 denuncias, lo que representa el 38.1% del total nacional.

A las casi 140 denuncias se suman los 260 expedientes en apelación que la Inspectoría General de la PNP ha elevado ante el Tribunal de Disciplina Policial.

Esta cifra fue dada a conocer por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, como balance de las acciones tomadas desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2026.

Con la remisión de estos casos, el titular del Mininter busca sancionar las infracciones disciplinarias y combatir los presuntos actos de corrupción o infiltración de redes criminales dentro de la institución policial, asegurando que su gestión no mantendrá ningún espíritu de cuerpo frente a malos elementos.

Pero en provincias la situación es también muy preocupante, como lo ocurrido en Junín.

Al comandante PNP, David Walter Ramírez Panta, comisario sectorial de la comisaría provincial de Tarma, lo llamaban 'Comanche'. Así lo confesó Jurhgen Anthony de Jesús Laos Pérez, quien fue detenido por el delito de extorsión y se acogió a la confesión sincera.

El oficial, de acuerdo con el expediente 00386-2026-4-1509-JR-PE, y otros tres subalternos son sindicados de recibir cuantiosas sumas de dinero. Ante las pruebas fehacientes que presentaron los policías y fiscales a cargo del caso, el juez Alex Carhuamaca Claudio, les dictó siete días de detención preliminar

Aparte del comandante, la medida recae también para los suboficiales Luis Fernando Huaroc Elizarbe, Héctor Palmiro Lirio Chinchay y Jean Dennis Pawelczyk Aguirre.

Según la investigación, los presuntos integrantes de la organización criminal habrían captado víctimas mediante supuestos contratos de alquiler de vehículos e inversiones para luego exigir pagos bajo amenazas.

En este mes de setiembre que acaba de terminar también fue detenido el suboficial de la PNP Luis Felipe Sandoval Díaz tras el asesinato de su esposa, Mariela Peralta Muñoz, en un cuarto alquilado en Ate; la familia exigió que el caso sea investigado como feminicidio debido a antecedentes de agresión.

Y en julio, la Fiscalía Anticorrupción y la PNP detuvieron a cinco efectivos policiales (incluyendo a un capitán jefe del Policía de Carreteras-Nasca) por presuntos delitos de cohecho pasivo propio y actos de corrupción.

Este año también se dictó nueve meses de prisión preventiva para el alférez PNP Francesco Pilloca, jefe de la Tripulación de Patrullaje Motorizado TMP-3163 de la Comisaría PNP Yerbateros, y otros dos suboficiales, investigados por los presuntos delitos de concusión y banda criminal.

De las 139 denuncias 13 (9,4%) fueron en enero, en febrero 8 (6,8%), marzo 15 (10,8%), abril 17 (12,2%), mayo 17 (12,2%), junio 20 (14,4%), julio 24 (17,3%), agosto 25 (18,0%). El 48.9% (68) de las denuncias fueron derivadas a la Inspectoría General y el 42.4% (59) a otros órganos de la PNP, mientras que el 8,6% (12) fueron canalizados al Ministerio del Interior.

En Tumbes se denunciaron 3 casos, en Piura 9, Lambayeque 1, Cajamarca 2, La Libertad 7, San Martin 4, Loreto 2, Áncash 3, Huánuco 2, Ucayali 1, Región Lima 5, Pasco 1, Junín 3, Callao 4, Lima Metropolitana 53, Ica 5, Huancavelica 2, Ayacucho 3, Cusco 14, Madre de Dios 3, Arequipa 7, Puno 3, Tacna 2, Moquegua 0.

Uno de los casos ocurrió el 5 de agosto cuando fueron detenidos 9 policías quienes habrían 'sembrado' droga y armas de fuego a ciudadanos intervenidos durante operativos irregulares en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Este accionar ilegal habría ocurrido entre los años 2021 y 2022, y según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el objetivo era extorsionar a los detenidos a cambio de su libertad.

Los nueve efectivos policiales fueron detenidos por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho.

De los detenidos, ocho son suboficiales de segunda y tercera en actividad, quienes anteriormente prestaron servicios en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de SJM, y luego fueron reubicados en otras unidades. El noveno detenido es un coronel de la PNP en situación de retiro.

Esta semana, el ministro del Interior, César Astudillo, vinculó directamente la corrupción policial con la infiltración de organizaciones criminales en las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú.

Denunció públicamente que diversas mafias financian y logran introducir a jóvenes en los centros de formación policial con el objetivo de tener agentes que trabajen para el crimen organizado una vez egresados. Según el ministro, su gestión ya detectó estos mecanismos y se encuentra cerrando dichos canales de ingreso ilícitos.

Sus declaraciones generaron controversia debido a que la propia PNP emitió antes un comunicado negando tajantemente que existiera financiamiento criminal para infiltrar postulantes, tildando tales versiones de "tendenciosas y sin sustento".

El exministro del Interior, Remigio Hernani y el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha sostienen que el desafío importante del gobierno es la corrupción policial.

No sería correcto afirmar que la Policía es una institución corrupta en su conjunto. Miles de agentes cumplen sus funciones honestamente. Sin embargo, como ocurre en numerosos países, existen casos de corrupción individual y estructuras criminales que intentan penetrar las instituciones.

Una organización criminal puede intentar comprar información, conseguir protección, conocer anticipadamente procedimientos policiales o introducir colaboradores dentro de organismos públicos, dice Hernani.

Por eso, combatir el crimen organizado exige también controlar a quienes tienen la responsabilidad de combatirlo, sostiene Pérez Rocha.

Los sistemas de asuntos internos, los controles patrimoniales y la investigación de enriquecimiento injustificado son instrumentos fundamentales, coinciden.