Grupos hostiles: reclasificación exige marco jurídico y nuevos protocolos operativos

La intención de reclasificar a organizaciones criminales como 'grupos hostiles' tendría un efecto jurídico y otro operativo, según explicó el exviceministro del Interior y fundador del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, al analizar la propuesta planteada por el Ejecutivo en su proyecto de delegación de facultades legislativas delegadas.

Zevallos señaló que el efecto de la medida puede analizarse desde dos dimensiones. La primera consiste en la apertura de un marco jurídico que permita la intervención de las Fuerzas Armadas y la activación de determinados mecanismos especiales de investigación.

La segunda dimensión, explicó, corresponde a los cambios que deberán realizarse para que las instituciones puedan actuar de manera coordinada. En ese sentido, Zevallos señaló que esto significa “una definición de nuevos protocolos, mecanismos, lógicas de intervención, porque una vez que involucras a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad tienes que darle todos los elementos para que pueda operar en conjunto con la Policía y con la Fiscalía ”.

La propuesta del Ejecutivo plantea, además, que las Fuerzas Armadas actúen bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Al respecto, el especialista advirtió sobre las implicaciones de aplicar este marco en zonas urbanas densamente pobladas donde operan organizaciones criminales.

En este último escenario, sostuvo que las Fuerzas Armadas pueden cumplir una función de soporte, inteligencia y apoyo operativo a la Policía , mediante un trabajo conjunto. Sin embargo, remarcó que ello requiere establecer protocolos, asignar recursos y desarrollar capacidades que permitan realizar estas intervenciones de manera adecuada.

Asimismo, consideró necesario generar un entrenamiento específico, debido a que las intervenciones militares y policiales responden a lógicas distintas. “No es la misma lógica de intervención meterse a una casa de delincuentes que repeler un ataque terrorista” , señaló, al considerar que estos aspectos deben ser discutidos mediante criterios técnicos.

Zevallos también se refirió al riesgo legal para el Estado peruano y los integrantes de las Fuerzas Armadas ante eventuales daños colaterales que podrían producirse si estas organizaciones son declaradas “objetivos militares” sin que previamente se establezcan los protocolos correspondientes .

Advirtió que, en ausencia de estas reglas, se podría “trabajar de forma demasiado arbitraria”. No obstante, destacó la preparación de las Fuerzas Armadas y la madurez con la que, según indicó, la institución aborda este tipo de escenarios.

Para que la medida pueda implementarse sin poner en riesgo a la población, Zevallos explicó que debe existir una articulación entre la inteligencia operativa de la Policía Nacional y el despliegue de las Fuerzas Armadas. En este punto, enfatizó que la estrategia debe considerar tanto la persecución de la organización criminal como el seguimiento de sus recursos económicos .

Finalmente, Zevallos sostuvo que, más allá de la solicitud de delegación de facultades legislativas, el Estado debe considerar una estrategia de largo plazo orientada a recuperar el principio de autoridad. En ese sentido, planteó la importancia de contar con una agenda de cooperación con los países de la región , así como fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales.

Entre las propuestas del Ejecutivo figura la clasificación y registro oficial de organizaciones criminales como 'grupos hostiles' , con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, en apoyo de la Policía Nacional, en la detención y desarticulación de estas organizaciones.