Equipos técnicos buscan una salida para poder edificar un penal de máxima seguridad en un año, dice Ernesto Álvarez

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez , afirmó la noche de este domingo que su sector evalúa implementar un sistema de edificación modular para acelerar la creación de infraestructura carcelaria en el país, luego de que la presidenta Keiko Fujimori anunciara la construcción de dos penales en el Perú, uno de ellos máxima seguridad, durante su visita a El Salvador.  

En una entrevista en el programa Panorama , el integrante del Ejecutivo reiteró que el Ejecutivo contempla ejecutar dos proyectos ubicados fuera de las zonas urbanas, orientando el primero hacia el confinamiento de reclusos de alta peligrosidad y proyectando una segunda instalación de mayor envergadura destinada a procesados o sentenciados por delitos no violentos. 

Álvarez señaló que el principal obstáculo para lograr estos objetivos en un corto tiempo es "la tramitología" que existe en el Perú para empezar un proyecto. Explicó que esto pude tomar entre 5 a 6 años, y 3 años, en el mejor de los casos. 

Ante este escenario, indicó que se están buscando salidas técnicas para cumplir con lo anunciado por la presidenta en el más breve tiempo.   

El plazo estimado por Álvarez para la construcción de un establecimiento modular contrasta con las declaraciones dadas por Keiko Fujimori el último viernes, cuando dijo que la construcción de dos megacárceles en el Perú podría hacerse a la “misma velocidad” que se edificó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador: en unos siete meses.

El ministro remarcó en Panorama que el cronograma proyectado para la construcción modular no elimina la necesidad de cumplir con las etapas administrativas obligatorias.  Por ello, estimó que al periodo de ejecución de las obras físicas se le deberán añadir varios meses orientados al saneamiento y aprobación de los expedientes oficiales.

Además de los proyectos modulares, Álvarez señaló que el Ejecutivo impulsa la liberación de partidas presupuestales para destrabar proyectos de infraestructura penitenciaria que permanecían paralizados por disputas contractuales. 

Entre estas medidas destaca la continuidad de la ampliación del penal de Ica tras superar un arbitraje con la empresa encargada y asegurar los recursos económicos ante el Ministerio de Economía y Finanzas para su edificación. Además de otros proyectos en Trujillo y Huacho.