Elecciones Perú 2026: quiénes buscan reelegirse y qué revelan sus ingresos, bienes y vínculos | El Comercio
Este especial reúne información pública y comparable sobre los congresistas que postulan a la reelección: trayectoria, ingresos, bienes y relaciones con el Estado....
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- EN REELECCIÓN - Congresistas que buscan un nuevo período.
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Medidas adoptadas y próximos pasos
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Congresistas que buscan un nuevo período
La reelección da continuidad al trabajo legislativo y deja en manos del ciudadano la decisión en las urnas.
Este especial reúne y contrasta información pública y registros oficiales, sin establecer responsabilidades ni implicar valoración sobre la legalidad de los hechos.
La información presentada en este especial proviene de fuentes públicas y ha sido organizada para identificar vínculos familiares y contrataciones con el Estado. Este análisis no implica la existencia de irregularidades ni establece responsabilidades, sino que busca aportar contexto y transparencia sobre relaciones de interés público.
Registro de contratos y servicios asociados a familiares de congresistas, según declaraciones juradas y registros públicos.
Ingresos, gastos de campaña y deudas tributarias, según información dispomible en registros públicos.
Bienes declarados en hojas de vida contrastados con registros oficiales de propiedad en Sunarp.
Información académica declarada en hojas de vida contrastada con registros oficiales de Sunedu.
Información para el voto informado...
Accede a los perfiles individuales construidos a partir de datos públicos de los congresistas que postulan a la reelección.
Con hallazgos: Se detectaron diferencias en las 4 categorías
Alcances de la norma y disposiciones oficiales
Sin hallazgos: No se detectaron diferencias significativas
Alcances de la norma y disposiciones oficiales
El contenido de la ficha de Explora se diferencia de Por tipo Hallazgo en que la primera será descriptiva y la segunda detallada con documentos.
Este gráfico interactivo muestra las relaciones entre congresistas, sus familiares y los contratos u órdenes de servicio registrados en el Estado. La información, basada en declaraciones juradas de intereses y registros públicos, abarca a los familiares comprendidos en la Ley N.º 30225 —que, durante el periodo analizado (28 de julio de 2021 al 21 de abril de 2025), establecía restricciones para contratar hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos). A partir del 22 de abril de 2025, la normativa fue modificada por la Ley N.º 32069.
Explora por congresista o utiliza el buscador.
Declaraciones Juradas de Intereses (DJI), contrastadas con información de SUNAT y OSCE. Los casos revisados se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la Ley N.º 30225, considerando el periodo entre julio de 2021 y abril de 2025. Este contenido es de carácter informativo y se basa en datos públicos declarados por los propios funcionarios. No implica acusación ni determinación de responsabilidad.
Distribución geográfica de contrataciones
Mapa de las regiones del Perú donde se concentran contratos y órdenes de servicio vinculados a familiares de congresistas (2021–2025). El color de cada región indica el volumen total de contratación.
Usa el menú para explorar los datos por congresista o pasa el cursor sobre el mapa para ver el detalle.
Los casos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la normativa analizada concentran montos que superan los S/ 9 millones. De manera complementaria, se identificaron contratos y órdenes de servicio asociados a familiares declarados por los parlamentarios con vínculos de tercer y cuarto grado —no incluidos en el alcance de dicha normativa— que, en conjunto, superan los S/ 30 millones.
En total, los vínculos familiares considerados en ambos grupos registran montos agregados que se aproximan a los S/ 40 millones en contrataciones y órdenes de servicio con el Estado durante el periodo analizado. Estas cifras se elaboran a partir de información contenida en declaraciones juradas y registros administrativos públicos, y tienen carácter descriptivo. Su presentación no implica valoración sobre la legalidad, pertinencia o eventual responsabilidad de las personas involucradas.
De 89 congresistas que postulan a la reelección, en 0 se identificaron familiares declarados con registros de contratos u órdenes de servicio con el Estado. El análisis considera información correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2021 y el 21 de abril de 2025. Durante dicho periodo, la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.º 30225) establecía disposiciones aplicables a la contratación de congresistas y de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) y de afinidad (suegros, yernos o nueras y cuñados).
La información presentada se basa en declaraciones juradas y registros administrativos públicos, y tiene carácter descriptivo. No implica valoración sobre la legalidad de los contratos ni determina responsabilidad alguna.
42 dentro del alcance de la normativa
13 fuera del alcance de la normativa
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FUENTES Y CONTEXTO: El análisis considera el periodo entre el 28 de julio de 2021 y el 21 de abril de 2025, previo a la entrada en vigencia de la Ley N.º 32110. La información se basa en las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de 2021, el buscador de proveedores del OSCE y registros de la SUNAT.
De 89 congresistas que postulan a la reelección, en 0 casos se identificaron diferencias en al menos uno de los tres campos analizados: ingresos, gastos de campaña u obligaciones tributarias, de acuerdo con la información disponible en registros públicos. Estas diferencias corresponden a contrastes entre fuentes y no implican, por sí mismas, inconsistencias, irregularidades ni determinación de responsabilidad.
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FUENTES Y CONTEXTO: La información se basa en las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (2021–2025). Los gastos de campaña corresponden al proceso electoral 2021 y fueron obtenidos vía solicitudes de acceso a la información a la ONPE. Las deudas tributarias fueron consultadas en el SAT, con corte a marzo de 2026.
De 89 congresistas que postulan en el 2026, en 0 casos se identificaron diferencias entre la información consignada en sus declaraciones y los registros de propiedad disponibles en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Estas diferencias corresponden a contrastes entre fuentes y no implican, por sí mismas, inconsistencias, omisiones ni determinación de responsabilidad.
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FUENTES Y CONTEXTO: Datos basados en hojas de vida del proceso electoral 2026. La información declarada fue contrastada con registros de propiedad disponibles en Sunarp.
De los 89 congresistas que postulan en 2026, no se identificaron diferencias entre la información académica declarada y los registros disponibles en Sunedu.
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FUENTES Y CONTEXTO: La información se basa en las hojas de vida presentadas para las elecciones de 2021, que consignan la formación académica declarada. Estos datos fueron contrastados con los registros disponibles en Sunedu, con corte a diciembre de 2025.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Al ser consultado sobre las órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Alejandro Soto Reyes respondió, mediante un documento remitido por un bufete legal privado, que estos contratos corresponden a periodos previos al inicio de su gestión legislativa.
Según los registros revisados, se identifican órdenes de servicio asociadas a sus familiares tanto antes como después del inicio del periodo parlamentario en julio de 2021. En el caso de su sobrina, María Luisa Soto Solano, 41 de sus 52 órdenes se registran antes de dicha fecha. Por su parte, su primo José Ángel Zevallos registra 26 de sus 33 órdenes durante la actual gestión; su prima Mónica Reyes Castillo, 23 de sus 25 contratos; y, en el caso de su prima Yoseling Reyes Chirinos, la totalidad de sus tres órdenes de servicio se ubican a partir de febrero de 2024.
Cabe precisar que los familiares mencionados no se encuentran dentro de los grados de consanguinidad o afinidad contemplados en los impedimentos establecidos por la normativa de contrataciones vigente para el periodo analizado. En ese sentido, los registros identificados se presentan como parte del mapeo de vínculos consignados en las declaraciones juradas de intereses, sin que ello implique, por sí mismo, una infracción a la normativa.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
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Declaraciones y posturas de los involucrados
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Al ser consultada sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Ariana Orué señaló que no ha tenido injerencia en dichas contrataciones y que cumple con sus obligaciones de transparencia.
Al ser consultado sobre las órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Luis Alegría sostuvo que los contratos cuestionados corresponden a periodos previos al inicio de su gestión legislativa y que, por ello, no existiría prohibición alguna.
Según los registros revisados, en el caso de su hermano, Víctor Antonio Alegría García, 11 de sus 12 órdenes de servicio se ubican entre septiembre de 2013 y abril de 2021, es decir, antes del inicio del actual periodo parlamentario.
No obstante, en el caso de su padre, Víctor Alegría Gonzales, se identifican órdenes de servicio cuya emisión comienza en mayo de 2022, fecha posterior al inicio de la actual gestión parlamentaria. Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares directos de congresistas, como es el caso del padre.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista César Revilla calificó la información como un “refrito malintencionado” en el contexto de la campaña electoral e indicó que sustenta su posición en una sentencia del Tribunal Constitucional.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Al ser consultada sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Diana Gonzales señaló que no ha intercedido en favor de ellos para la obtención de dichos contratos.
Cabe precisar que los familiares mencionados no se encuentran dentro de los grados de consanguinidad o afinidad contemplados en los impedimentos establecidos por la normativa de contrataciones vigente para el periodo analizado. En ese sentido, los registros identificados se presentan como parte del mapeo de vínculos consignados en las declaraciones juradas de intereses, sin que ello implique, por sí mismo, una infracción a la normativa.
Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Elías Varas señaló que no existen restricciones legales que le resulten aplicables y negó haber intervenido en dichas contrataciones. Cabe precisar que los familiares mencionados no se encuentran dentro de los grados de consanguinidad o afinidad contemplados en los impedimentos establecidos por la normativa de contrataciones vigente para el periodo analizado.
En ese sentido, los registros identificados se presentan como parte del mapeo de vínculos consignados en las declaraciones juradas de intereses, sin que ello implique, por sí mismo, una infracción a la normativa.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
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Al ser consultada sobre las órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Elva Julón señaló que el servicio observado corresponde al alquiler de un inmueble, precisando que dicha relación contractual se inició en el año 2013, antes de que ejerciera funciones legislativas.
Según los registros revisados, en el caso de su abuela paterna, Elva Rosa Díaz Delgado, 4 de sus 6 órdenes de servicio se ubican entre julio de 2018 y marzo de 2021, es decir, antes del inicio del actual periodo parlamentario.
No obstante, se identifican 2 órdenes de servicio adicionales emitidas con posterioridad al 28 de julio de 2021, ya durante su gestión. Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, como es el caso de la abuela.
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Al ser consultada sobre las órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Esmeralda Limachi señaló que estos no se encuentran dentro del segundo grado de consanguinidad y que las órdenes de su hermano se iniciaron antes de que asumiera el cargo.
Según los registros revisados, se identifican órdenes de servicio asociadas a sus familiares con posterioridad al inicio del periodo parlamentario en julio de 2021. En el caso de su hermano, Vittorio Felipe Limachi Quispe, sus dos órdenes de servicio se registran a partir de agosto de 2021, coincidiendo con el inicio de la actual gestión. Asimismo, su cuñada, Soledad Lupaca Lupaca, registra 10 órdenes de servicio que se ubican a partir de agosto de 2024.
Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, como es el caso del hermano y la cuñada.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
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Al ser consultada sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Gladys Echaíz señaló que, conforme a la Constitución, todos los ciudadanos tienen derecho a trabajar. Asimismo, indicó que sus familiares no se encuentran impedidos por ley para contratar con el Estado. Cabe precisar que los familiares mencionados no se encuentran dentro de los grados de consanguinidad o afinidad contemplados en los impedimentos establecidos por la normativa de contrataciones vigente para el periodo analizado.
En ese sentido, los registros identificados se presentan como parte del mapeo de vínculos consignados en las declaraciones juradas de intereses, sin que ello implique, por sí mismo, una infracción a la normativa.
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Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Héctor Valer señaló que cada persona es responsable de sus propias acciones. Asimismo, se remitió a descargos previos en los que se pronunció sobre la situación de su hija, quien fue sancionada por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Héctor Valer señaló que cada persona es responsable de sus propias acciones. Asimismo, se remitió a descargos previos en los que se pronunció sobre la situación de su hija, quien fue sancionada por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Héctor Valer señaló que cada persona es responsable de sus propias acciones. Asimismo, se remitió a descargos previos en los que se pronunció sobre la situación de su hija, quien fue sancionada por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Al ser consultada sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Jeny López señaló que la municipalidad es la entidad responsable de las contrataciones y que, de identificarse irregularidades, solicitaría las acciones de control correspondientes.
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Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista José Arriola señaló que la información debe ser evaluada de manera rigurosa, a fin de evitar afectaciones a su honor.
Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista José Cueto señaló que la persona mencionada no corresponde a su entorno familiar, sino que se trataría de un caso de homonimia.
Sin embargo, según los registros revisados, el DNI asociado a dicha persona coincide con el consignado en la declaración jurada del propio congresista, lo que permite establecer la vinculación familiar para efectos del presente análisis.
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Al ser consultada sobre las órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Kelly Portalatino señaló que no se encuentra impedida por ley ni ha intercedido en dichas contrataciones, las cuales calificó como labores de naturaleza técnica. Asimismo, indicó que sus familiares mantienen vínculos contractuales con el Estado desde antes de su gestión y exhortó a que se mantenga la rigurosidad en el manejo de la información.
Según los registros revisados, se identifican órdenes de servicio asociadas a sus familiares con posterioridad al inicio del periodo parlamentario en julio de 2021. En el caso de su suegra, Orfelinda Benites de Ramos, tres de sus cuatro órdenes se ubican a partir de diciembre de 2021. Por su parte, su suegro, Gudelio Heracleo Ramos Parra, registra una nueva orden en marzo de 2025, luego de una pausa desde 2019.
Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares hasta el segundo grado de afinidad, como es el caso de la suegra y el suegro.
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Al ser consultada sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Nilza Chacón señaló que no tenía conocimiento de las actividades de sus familiares, con excepción de uno de ellos. Cabe precisar que los familiares mencionados no se encuentran dentro de los grados de consanguinidad o afinidad contemplados en los impedimentos establecidos por la normativa de contrataciones vigente para el periodo analizado.
En ese sentido, los registros identificados se presentan como parte del mapeo de vínculos consignados en las declaraciones juradas de intereses, sin que ello implique, por sí mismo, una infracción a la normativa.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
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Al ser consultada sobre las órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Patricia Chirinos solicitó mayor información para emitir un descargo detallado. Asimismo, señaló que no reconoce el nombre de uno de los familiares mencionados en la consulta. Sin embargo, dicho familiar aparece en su declaración jurada de 2022.
Cabe precisar que el familiar mencionado no se encuentra dentro de los grados de consanguinidad o afinidad contemplados en los impedimentos establecidos por la normativa de contrataciones vigente para el periodo analizado. En ese sentido, los registros identificados se presentan como parte del mapeo de vínculos consignados en las declaraciones juradas de intereses, sin que ello implique, por sí mismo, una infracción a la normativa.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Al ser consultado sobre las órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Raúl Huamán señaló que sustenta su posición en un fallo del Tribunal Constitucional sobre la materia. El presente análisis se basa en los registros identificados dentro del periodo evaluado, en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares de congresistas.
Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Roberto Chiabra manifestó su disposición para brindar sus descargos de manera presencial.
Según los registros revisados, en el caso de su hermano, Guillermo Enrique Chiabra León, 30 de sus 32 órdenes de servicio se ubican entre 2014 y mayo de 2021, es decir, antes del inicio del actual periodo parlamentario. Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares directos de congresistas, como es el caso del padre.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
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Este especial analiza y cruza múltiples registros públicos del Estado para identificar patrones que, vistos de manera aislada, pasarían desapercibidos. El procesamiento combinó flujos automatizados, análisis con inteligencia artificial y revisión editorial, en un proyecto desarrollado con el apoyo del fondo AI Catalyst de WAN-IFRA y OpenAI.
Conoce aquí cómo realizamos este trabajo.
Cómo realizamos En Contienda: Congresistas que buscan la reelección
1. Recolección de información pública
El análisis se centró en los 89 congresistas que buscaron la reelección, pero el procesamiento de datos incluyó un universo mucho mayor de registros provenientes de diversas bases públicas del Estado. A partir de las hojas de vida y declaraciones juradas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se identificaron más de 2.000 familiares declarados, que constituyeron la base para el análisis de vínculos y cruces de información.
Para el especial se integraron múltiples registros provenientes de las siguientes fuentes oficiales:
Jurado Nacional de Elecciones (JNE): hojas de vida y declaraciones juradas de intereses de los candidatos.
Sunedu: registro oficial de grados y títulos académicos.
Sunarp: partidas registrales de bienes y propiedades.
Asignación presupuestal y recursos autorizados
Sunat: RUC y actividad económica de personas y familiares.
SEACE y registros de deudores tributarios: obligaciones tributarias registradas.
ONPE: reportes de financiamiento y gastos de campaña electoral.
Contraloría General de la República: informes de control y fiscalización.
Registro de Proveedores del Estado: contratos y órdenes de servicio con entidades públicas.
Congreso de la República: registros de visitas y actividad parlamentaria.
Estas bases permitieron reconstruir información sobre formación académica, patrimonio, actividad empresarial, vínculos familiares, contrataciones públicas, financiamiento electoral y relaciones institucionales.
2. Automatización y procesamiento de datos
La recolección y organización de la información se realizó mediante flujos automatizados desarrollados en el programa n8n, que permitieron:
análisis de registros obtenidos desde distintas plataformas públicas
limpiar y normalizar información en diversos formatos
unificar bases de datos provenientes de múltiples instituciones
preparar los datos para su análisis y visualización
Debido a que cada entidad pública información con estructuras diferentes, se aplicaron procesos de estandarización de nombres, DNI, RUC, entidades y fechas.
Una vez normalizados los registros, se realizaron cruces automatizados entre múltiples bases públicas, utilizando identificadores comunes como:
Estos cruces permitieron identificar coincidencias entre:
familiares y proveedores del Estado
empresas vinculadas y contrataciones públicas
patrimonio declarado y registros de propiedad
actividad política y financiamiento electoral
4. Análisis asistido por inteligencia artificial
El procesamiento de datos combinó código, automatización y herramientas de inteligencia artificial. El proyecto recibió, a través del programa AI Catalyst de WAN-IFRA, cerca de US$10.000 en créditos API de OpenAI, destinados al procesamiento de grandes volúmenes de información pública con esa tecnología, sin financiar las demás herramientas empleadas.
Se utilizaron distintas tecnologías según la etapa del proceso:
OpenAI: procesamiento estructurado de datos, análisis documental y clasificación para realizar cruces de información, mediante los créditos obtenidos.
Claude: apoyo en el desarrollo de automatizaciones y flujos low-code.
Gemini: apoyo en la generación y revisión de textos informativos.
La IA se utilizó como apoyo para procesar y analizar información. La interpretación de los hallazgos, su verificación y las decisiones de publicación permanecieron bajo responsabilidad y criterio editorial.
Ningún resultado fue publicado automáticamente. Todos los hallazgos fueron:
verificados con las fuentes originales
contrastados entre distintas bases públicas
revisados por el equipo editorial antes de su publicación
El objetivo del especial es presentar información verificable basada en registros públicos, para contribuir a la transparencia y al análisis ciudadano en etapa electoral.
Arquitectura de automatización (n8n + IA)
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// 0. Marcar enlace activo en nav según scroll
const navLinks = document.querySelectorAll('.nav-link');
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// 1. Efecto Smooth Scroll (adicional al CSS) para controlar el offset del Header
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const headerHeight = document.querySelector('header').offsetHeight;
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// 2. Efecto visual simple: Opacidad del Header al hacer scroll
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============================================ */
* Inicializar sección de metodología (expandible)
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// Link desde tarjetas del comparador
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botonLeerMas.innerText = "Ocultar detalle del método";
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============================================ */
* DOM Content Loaded - Inicializar componentes UI
/ Compartir URL en redes sociales /
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TOGGLE VER MÁS - DESCARGOS CONGRESISTAS
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SCROLL DESDE IFRAME - VER OTRAS RESPUESTAS
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Este reporte fue elaborado por la redacción de PeruAlDia mediante curaduría y síntesis periodística asistida, con información reportada originalmente por El Comercio .
