El juego político del pedido de facultades: fujimorismo mostró su rostro autoritario y Buen Gobierno capitalizó consenso

El pedido de facultades legislativas ha resultado ser el primer movimiento polémico del Gobierno de Keiko Fujimori . Tras varios días en la Comisión de Constitución, la opción ganadora ha sido una alejada del texto propuesto originalmente por el oficialismo. Renovación Popular, Obras y el Partido del Buen Gobierno lograron que su texto sustitutorio, centrado en otorgar facultades únicamente en materia de inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, fuera el elegido.

Para Alejandro Mejía, politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esta primera disputa marca el camino en favor de la oposición.

De los 66 puntos originales del pedido de facultades presentado por el Gobierno, más de la mitad han sido dejados de lado. Así, la oposición marca su mensaje. Temas como la eliminación del tope en las tasas de interés, la modificación de feriados o la designación de las bandas criminales como organizaciones terroristas, entre otros puntos contemplados en el pedido original, tendrán que seguir el curso de un proyecto de ley normal si quieren ser aprobados.

¿Fue la propia ambición del pedido de facultades original la que terminó socavando sus posibilidades de ser aprobado? Para Mejía, la respuesta es sí, aunque no es la única razón que explica su caída: "Un pedido de facultades de esas características comenzó a generar tensión con las distintas bancadas en el Parlamento. Lo segundo, la presión constante de voceros y ministros, así como las amenazas de la presidenta hacia la Cámara de Diputados por dilatar la aprobación de facultades, sacó a relucir el peor lado del fujimorismo.

Tienen que aprender que, con presiones y amenazas, no se va a lograr consensos con las bancadas de oposición", indica.

Pero el primer paso fuerte de la oposición no puede verse como una victoria absoluta. El camino hacia la aprobación ha dejado mellas entre las bancadas contrarias al fujimorismo. La dilatación en la evaluación del pedido —que, por su carácter de urgente, no debía tardar más de 15 días hábiles en ser revisado— podría derivar en procesos contra la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, quien es parte de Juntos por el Perú.

La coordinación entre las bancadas de oposición es también un obstáculo que será constante a lo largo de todo el periodo parlamentario. A mayor número de bancadas, congresistas y egos, mayor es la posibilidad de resquebrajamientos.

A esos motivos se suma otro más: detrás de la aprobación de facultades, las mociones contra ministros del Gobierno fujimorista tomaron caminos disparejos. La censura contra Astudillo se cayó luego de que Ahora Nación hablara con Luis Galarreta, titular de la PCM, y otros ministros. Del mismo modo, la interpelación contra Chang ha entrado en un limbo luego de que tres diputados de Obras retiraran sus firmas.

Entre los grupos que conforman la oposición, las disputas también existen. Juntos por el Perú mantiene su papel como la organización más férrea ante el oficialismo, pero en Ahora Nación y Obras la posición parece ser que el diálogo con el fujimorismo no estará descartado.

El primer paso ha sido dado, pero todavía quedan tres etapas fundamentales hasta la aprobación. Ahora, el pedido será debatido en el Pleno de la Cámara de Diputados. Dependiendo de la respuesta, el proyecto podría avanzar al Senado para ser debatido en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y en el Pleno de los senadores, o podría verse entrampado sin salir del primer nivel congresal.

El voto favorable del fujimorismo a este texto sustitutorio no puede interpretarse como un llamado a aceptar lo impuesto por la oposición. Las reservas expuestas por los congresistas de Fuerza Popular dejan un mensaje claro: todavía queda la opción de volver a incorporar una serie de facultades dejadas de lado en este nuevo texto.

En Juntos por el Perú, el voto negativo al texto sustitutorio tenía un argumento: el fujimorismo puede desnaturalizar el texto sustitutorio lo suficiente como para retomar el texto original que presentó. Ernesto Zunini, vocero de la agrupación opositora, pidió que en la Cámara de Senadores la Comisión de Constitución aclare hasta qué punto podrían hacer modificaciones a lo aprobado por los diputados.

Hay razones para la desconfianza. Martha Chávez, senadora del fujimorismo, afirmó días atrás que el Senado podría aprobar los 66 puntos del pedido de facultades aun cuando existieran recortes o modificaciones desde la Cámara Baja.

Para Martín Ueda, politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo (Unt), la dinámica de la Cámara Alta da razones para que una desnaturalización del texto aprobado en Diputados ocurra.

Desde el Poder Ejecutivo, la aprobación de facultades terminará significando una primera prueba en su plan por mostrar gobernabilidad. Las primeras encuestas muestran un deterioro en la imagen de la presidenta Keiko Fujimori. Las acciones tienen que llegar rápido o la sensación de impopularidad podría profundizarse incluso entre sus seguidores más férreos.

Sea cual sea el camino que se tome, la disputa termina resumiéndose en una pugna de fuerzas en la Cámara Alta. De no terminar victorioso, el oficialismo ya ha anunciado que tomará el camino de los decretos de urgencia: disposiciones firmadas desde el Gobierno que adquieren carácter de ley. Ministros como Juan Sheput o Marco Vinelli han detallado que en el Ejecutivo también se contempla tomar esa línea.

Ueda considera que esa herramienta podría ser positiva para los fines del Ejecutivo. Sin embargo, el politólogo señala que una lluvia de decretos también podría traer consigo una mayor agudización de la disputa entre los poderes del Estado.