Nayib Bukele dice que tiene un plan que permitiría liberar a colaboradores de maras con baja participación en delitos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que su Gobierno tiene un plan de liberación anticipada y condicional para reos, detenidos durante un régimen de excepción, que colaboraron con las pandillas (maras) mientras vivían bajo el “yugo” de estas estructuras, lo que podría beneficiar a cerca de la mitad de detenidos que son acusados de ser colaboradores de las llamadas maras.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales y ha dejado al menos 93.162 detenidos a los que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas.

De acuerdo con Bukele, se tomaría en cuenta que “estas personas vivían bajo ese yugo (dominio de las pandillas) y no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad”.

Confirmó que sí se está evaluando “los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”.

El presidente aclaró que no se trata de una absolución, dado que los reos seguirían siendo considerados “culpables”, pero saldrían de prisión bajo monitoreo.

Como ejemplo, Bukele apuntó que “no tendría el mismo nivel de colaboración quien ayudó a enterrar un cadáver en comparación con el muchacho que lo ponían en la orilla del pasaje y él avisaba cuando venía la Policía”.

El presidente salvadoreño no precisó los plazos de aplicación, otros criterios de elegibilidad ni el número exacto de posibles beneficiarios, tampoco si este plan está en estudio o ya en marcha, o si se realizaría un lanzamiento oficial.

En el contexto de la implementación del polémico régimen de excepción, organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias de atropellos y 570 muertes de personas en custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según las denuncias.

El régimen de excepción se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó a Bukele, que mantiene una alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional en su momento.

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional (AI), han alertado de que bajo esta disposición el Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.