El caso de 'Los 7 de Cornell': la acusación de violación grupal y las preguntas pendientes

Una fiesta en una residencia de una fraternidad de la Universidad de Cornell , una estudiante, siete hombres y el consumo de ketamina están en el centro de una acusación de violación grupal ocurrida en 2024.

La indignación ha vuelto a poner el caso bajo escrutinio. La fiscalía del condado de Tompkins, en el estado de Nueva York, ha reabierto una investigación, confirmó el lunes 28 de septiembre el fiscal de distrito, después de que una demanda civil presentada ese mes por la denunciante provocara nuevas reacciones.

La oficina del fiscal de distrito, Matthew Van Houten, presentará ante un gran jurado el caso contra siete miembros de la fraternidad Chi Phi, fundada hace más de dos siglos, para que determine si procede una acusación formal. 

La demanda, interpuesta en septiembre contra Cornell y los siete presuntos agresores, entre otros demandados, sostiene que los miembros de la fraternidad suministraron a la estudiante de segundo año, que entonces tenía 20 años, "alcohol y drogas hasta intoxicarla", dejándola incapacitada para dar su consentimiento antes de que fuera agredida sexualmente.

La demanda incluye capturas de mensajes y detalles de la presunta agresión. Según la denuncia, miembros de la fraternidad utilizaron un chat grupal con 57 hombres en Snapchat para animar a otros a participar. La mujer afirma que fue agredida sexualmente durante horas por varios hombres.

En el centro del debate está la Universidad de Cornell, integrante de la Ivy League, fundada en 1865 en el estado de Nueva York .

En un comunicado, su portavoz señaló que la universidad respalda la decisión de Van Houten y recordó que la sección de Chi Phi implicada en el caso tiene prohibida su presencia en el campus desde 2024. La universidad aseguró que, tras su investigación de las denuncias, impuso "una serie de sanciones, que incluyeron expulsiones y suspensiones de Cornell".

No se ha confirmado públicamente si todos los miembros de la fraternidad mencionados en la demanda contaban con representación legal.

Al menos tres de los hombres señalados en la demanda han negado las acusaciones a través de sus abogados. No se han localizado declaraciones públicas de los demás.

Jeremy Saland, abogado defensor de uno de ellos, aseguró que su cliente no había hecho más que responder al chat con un comentario inmaduro y que "ve con buenos ojos cualquier investigación adicional de la fiscalía de distrito".

La mujer, identificada por medios locales con el seudónimo "Jane Doe", relató que primero sintió vergüenza, humillación y preocupación por su reputación por lo ocurrido, antes de reconocerse como víctima de una agresión.

La fiscalía no presentó cargos penales hace dos años. Según Van Houten, la declaración que la mujer dio entonces a la policía del campus "describió su consumo de drogas y su conducta sexual como voluntarios, conscientes y consentidos", por lo que consideró que "no había pruebas suficientes de una falta de consentimiento".

Además, dijo a CBS News que nunca había visto la transcripción completa de las entrevistas de Doe con la policía de Cornell porque no se le había proporcionado.

La Universidad de Cornell, por su parte, aseguró que su policía había compartido toda la información de la investigación con la fiscalía. 

Los hechos denunciados se remontan a la noche del 19 de octubre de 2024 y la madrugada del día siguiente. Según la reconstrucción de The New York Times , Jane Doe contó lo sucedido a sus compañeras de apartamento sin identificarse inicialmente como víctima de una violación.

Llegó a casa alrededor de las 11:15 de la mañana del 20 de octubre, todavía con las “botas grandes y el vestido corto” de la noche anterior.

Transcurrieron casi tres semanas entre ese momento y la decisión de esta mujer de contar su historia a la policía del campus, el 8 de noviembre, acusar a varios miembros de agresión sexual y denunciar que fue obligada a consumir ketamina.

Su denuncia llevó a una docena de audiencias dentro del procedimiento universitario del Título IX, la normativa federal que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben financiación federal.

Según The New York Times , los documentos de la investigación incluyen cientos de páginas de correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y entrevistas con Jane Doe, sus amigos y los hombres a los que acusó.

Johnathan Newell, uno de los hombres señalados en la demanda, le escribió: “Solo quería disculparme por cómo sucedieron las cosas la otra noche”.

Según la reconstrucción de The New York Times, dijo que tanto él como Matthew Ingalls, otro de los hombres que ella acusaría, se sentían terriblemente mal por haber estado demasiado afectados por las drogas y el alcohol como para “poner fin a aquello y echar a la gente antes de que todo se descontrolara”.

El 22 de octubre, Jane Doe pidió una cita médica en Cornell Health porque había contraído una infección urinaria y quería hacerse pruebas de infecciones de transmisión sexual. Según la reconstrucción del diario, dijo haber contraído la infección “de una manera traumática”.

El 28 de octubre, Ingalls habló por teléfono con Jane Doe y, según una de sus compañeras, que dijo haber escuchado la conversación, le pidió disculpas. “¿Cómo pudiste dejar que pasara esto?”, fue la respuesta de Doe.

Según el relato recogido por The New York Times , ella había sufrido anteriormente una agresión sexual, lo que le dificultaba todavía más hablar abiertamente de lo ocurrido.

El 3 de noviembre, Jane Doe le envió un mensaje a Newell: “Que quede claro que el 90 % de lo que ocurrió esa noche no fue consentido. Me dieron más keta de la que puedo recordar... y sé que te dije que me sentía incómoda y que no conocía a nadie en la habitación”.

Según los documentos citados por el diario estadounidense, cuatro días después Jane Doe acudió a un servicio de urgencias y solicitó un examen para recoger pruebas de una violación.

ABC News recoge declaraciones de Doe en las que afirmó haber sentido "coacción", haber rechazado expresamente algunas de las prácticas sexuales propuestas por los hombres y haber sentido "que era incapaz de tomar ninguna decisión por lo ebria que estaba". 

La denunciante y su abogado cuestionaron la investigación de Cornell. Según su abogado, solo dos de los presuntos agresores fueron expulsados y los demás recibieron sanciones menores.

La demanda sostiene que se les permitió presentar ensayos para "mitigar" su conducta. Cornell respondió que escribir un ensayo no fue la única consecuencia impuesta a los implicados.

El abogado también aseguró que la universidad se negó a devolverle el dinero de la matrícula cuando ella quiso abandonar sus estudios. La mujer ya no estudia en Cornell. 

Los siete hombres señalados en la demanda han sido apodados 'Los 7 de Cornell' en medio de las críticas públicas. El exguionista de la serie 'South Park', Toby Morton, ha creado una web dedicada a documentar el caso y ha anunciado que publicará información sobre los implicados después de verificarla. 

La gobernadora de Nueva York , Kathy Hochul, reclamó una "revisión transparente e independiente" de la respuesta inicial de Cornell a la denunciante. El 30 de septiembre anunció que la universidad había aceptado recurrir a abogados externos para realizar una investigación independiente.

La oficina de la fiscal general del estado, Letitia James, informó que estaba revisando la respuesta de Cornell para determinar si correspondía abrir una investigación. 

El presidente de la Asamblea de Nueva York, Carl Heastie, informó el 30 de septiembre sobre la creación de un grupo de legisladores para revisar las leyes vigentes del estado sobre agresión sexual.

Catorce asambleístas tendrán la tarea de identificar posibles problemas y elaborar recomendaciones legislativas para el presidente de la Asamblea y la Conferencia de la Mayoría antes de que finalice 2026, con el objetivo de que puedan ser consideradas durante la sesión legislativa de 2027. 

El presidente de la República, José María Balcázar, ratificó en RPP la decisión de postergar la adquisición de aviones de combate F‑16 a los Estados Unidos, valorizados en 3 mil 500 millones de dólares, para que sea el gobierno que resulte elegido en los comicios generales el que adopte la determinación definitiva.