Delcy Rodríguez pide reformar Ley contra el Odio que ella misma promovió: las claves de este estatuto de la represión chavista

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, envió una solicitud con carácter de urgencia al Parlamento de mayoría chavista para activar una reforma parcial a la 'Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia' con el objetivo de avanzar en la despenalización de sus conductas, tras admitir públicamente que dicha normativa fue mal aplicada y objeto de un uso abusivo contra la ciudadanía.

La petición de modificación fue formalizada mediante una misiva enviada al titular del Poder Legislativo y el hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, en la cual se argumenta que la medida busca transformar el sistema de justicia penal y propiciar un entorno de reencuentro institucional.

Como respuesta a la solicitud del Ejecutivo interino, la directiva parlamentaria procedió este mismo martes a la constitución de una comisión especial integrada por once diputados, entre los cuales figuran miembros reconocidos de la bancada oficialista como el excanciller Jorge Arreaza y Nicolás Maduro Guerra, hijo del encarcelado Nicolás Maduro. Además está conformada por otros parlamentarios opositores. 

Pese a admitir las arbitrariedades cometidas en la aplicación de la norma aprobada durante la gestión oficialista, la mandataria encargada ratificó su apego a los principios del texto legal, abogando por reemplazar la confrontación por la convivencia comunal.

Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta de dicho cuerpo legislativo oficialista, dirigió el debate y aceleró la votación expedita del decreto, respaldando la legislación como un antídoto frente a una supuesta intolerancia política desde sectores opositores y procediendo a su posterior firma y promulgación.  

Frente a la iniciativa de una reforma parcial orientada a despenalizar faltas, diversos gremios periodísticos y organizaciones no gubernamentales han reaccionado señalando que la medida resulta insuficiente para frenar los mecanismos de censura.

Organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Espacio Público y Provea enfatizaron que el estatuto contiene herramientas administrativas punitivas como la revocación de concesiones radiales y televisivas, el bloqueo de portales digitales, la imposición de sanciones pecuniarias y el retiro forzoso de contenidos, por lo que demandan la anulación definitiva de la norma.

Asimismo, los activistas de derechos humanos coinciden en que la mera modificación del articulado no garantiza un desmontaje real de la estructura de persecución legal sobre la opinión ciudadana.

La norma fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente a solicitud expresa de Nicolás Maduro, tras una etapa de intensas protestas antigubernamentales registradas entre abril y agosto de ese año.

Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta de dicho cuerpo legislativo oficialista, dirigió el debate y aceleró la votación expedita del decreto, respaldando la legislación como un antídoto frente a una supuesta intolerancia política desde sectores opositores y procediendo a su posterior firma y promulgación.

En cuanto a su contenido, la ley consta de 25 artículos orientados a proscribir el funcionamiento de organizaciones sociales o agrupaciones políticas que promuevan el odio, al tiempo que fijó penas privativas de libertad de entre 10 y 20 años de prisión para quienes cometan las conductas tipificadas como delitos de odio en medios de comunicación o plataformas digitales.

Asimismo, confirió a las autoridades la facultad de revocar concesiones a prestadores de servicio de radiodifusión o televisión que difundan mensajes calificados bajo esta categoría.

Los cuestionamientos contra la norma señalaban en su momento que la falta de precisión del texto permitía a los administradores de justicia interpretar los delitos de forma arbitraria e incluso sancionar opiniones de ciudadanos de manera retroactiva.

La ONG Espacio Público ha documentado que entre los años 2017 y 2024 se contabilizaron más de 120 casos de violaciones a la libertad de expresión vinculados directamente a la aplicación de esta ley, siendo empleada selectivamente para criminalizar el pensamiento crítico, perseguir el ejercicio periodístico, obstaculizar la contraloría sobre la gestión pública y sancionar a ciudadanos por publicaciones efectuadas en redes sociales.