Canciller de Chile dice que "no hubo firma" para adhesión a Escudo de las Américas y que es un acuerdo declarativo, no vinculante

En el marco de la primera interpelación parlamentaria a un ministro de Relaciones Exteriores en la historia de Chile , celebrada este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados en Valparaíso, el canciller Francisco Pérez Mackenna respondió, entre otros temas de política exterior, sobre la participación del país vecino en la iniciativa Escudo de las Américas promovida por la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  

Frente a los cuestionamientos de la oposición parlamentaria encabezada por el diputado Nelson Venegas, el jefe de la diplomacia chilena sostuvo que la adhesión no constituye la suscripción de un tratado internacional ni somete al Estado a obligaciones jurídicas, definiéndola como un entendimiento político para la cooperación frente al crimen organizado transnacional.

Durante la sesión, la discusión se centró en la validez jurídica y en la existencia de análisis legales previos que respaldaran la incorporación de Chile a la alianza de seguridad.

Ante los requerimientos parlamentarios sobre el proceso de revisión llevado a cabo por los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores antes de concretar la adhesión, el canciller precisó la forma en que se formalizó la integración del país.

La postura del Ejecutivo chileno sugiere que el documento adoptado no posee rango de tratado ni impone deberes de cumplimiento obligatorio para las instituciones nacionales. En ese sentido, el canciller enfatizó que el instrumento ratificado por el gobierno del presidente José Antonio Kast representa una manifestación de intenciones coordinadas entre distintos Estados del continente.

Para sustentar la validez de su postura técnica, el canciller recurrió al precedente de la defensa diplomática de Chile en litigios territoriales e internacionales. Pérez Mackenna recordó que la diplomacia chilena ha sostenido históricamente una distinción categórica entre las declaraciones de carácter político y los tratados internacionales de carácter imperativo.

De esta manera, rechazó que la participación en la coalición comprometa aspectos de la institucionalidad o de la normativa interna del país, manteniendo la validez de los criterios jurídicos aplicados ante instancias jurisdiccionales del exterior.