Tope de tasas de interés: plantean cambiar la fórmula en lugar de eliminar el límite

La propuesta para modificar el régimen de tasas de interés no tendría que pasar necesariamente por eliminar el límite vigente. Durante una conversación organizada por La República en torno al análisis del Grupo de Economía Política y Social (GEPS) sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, el economista y docente en la Universidad del Pacífico Germán Alarco planteó mantener un tope, pero reemplazar su mecanismo de cálculo por uno que considere los costos reales de las entidades financieras, el riesgo de cada operación y un margen de rentabilidad razonable.

La discusión ocurre mientras el Ejecutivo plantea eliminar los topes establecidos para determinadas operaciones crediticias. En el esquema actual, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fija semestralmente una tasa máxima a partir de la tasa promedio del sistema financiero para los créditos de consumo y un factor multiplicador. Para el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2026, el límite es de 114,13% anual en moneda nacional y de 99,84% en moneda extranjera.

Alarco cuestionó precisamente la base de ese procedimiento. “El máximo actual no tiene ningún sustento técnico, simplemente es equivalente a la tasa promedio de créditos al consumo multiplicada por dos”, sostuvo a La República .

La alternativa planteada por Alarco consiste en calcular cuánto cuesta realmente colocar un préstamo y, a partir de allí, establecer cuál sería la tasa máxima compatible con una rentabilidad razonable para la entidad financiera.

El cálculo debería incorporar, según explicó, los costos totales del crédito. “Hay que determinar el costo promedio de operación, el costo de capital, los gastos administrativos, el riesgo y, a partir de ahí, establecer una rentabilidad razonable”, señaló.

El punto resulta relevante porque el nivel de riesgo no es igual entre todos los segmentos. Un crédito dirigido a un consumidor con ingresos estables tiene características distintas a uno concedido a una persona con mayor probabilidad de incumplimiento o a una microempresa con dificultades para demostrar ingresos. Una fórmula basada en costos podría reflejar esas diferencias con mayor precisión.

La metodología actual, en cambio, se actualiza dos veces al año. El BCRP informó que la próxima modificación entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026 y utilizará las observaciones de las tasas promedio de los créditos de consumo registradas entre abril y setiembre.

Para Alarco, el nuevo mecanismo no tendría que establecerse mediante un porcentaje arbitrario. La información estadística de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) permitiría calcular cuánto representan los costos y el riesgo dentro de la estructura de las entidades y, con ello, determinar un máximo técnicamente sustentado.

La eliminación del tope tiene una justificación distinta desde la perspectiva de la SBS. El organismo ha sostenido que los límites pueden restringir el acceso al sistema financiero de personas consideradas de mayor riesgo, especialmente aquellas de menores ingresos, y favorecer su desplazamiento hacia mecanismos informales de financiamiento.

La SBS ha señalado que, después de la Ley N.° 31143, sus análisis de impacto identificaron exclusión de algunos potenciales deudores, menor inclusión financiera y un aumento del financiamiento informal. La entidad sostiene que quienes quedan fuera del sistema formal pueden terminar enfrentando tasas superiores y menores mecanismos de protección.

Ese argumento introduce uno de los principales puntos de la discusión: un límite demasiado bajo puede dificultar que las entidades atiendan a determinados segmentos porque el precio máximo permitido no compensaría el riesgo de esas operaciones.

La alternativa planteada por Alarco busca mantener la regulación, pero modificar la manera en que se establece el máximo. Bajo ese esquema, el riesgo seguiría siendo considerado, aunque junto con los demás costos que intervienen en la colocación del crédito.

De esta manera, la discusión no se reduce a mantener o eliminar un porcentaje. También está en cuestión qué variables deberían utilizarse para establecer cuánto puede cobrarse por un préstamo de mayor riesgo sin que el límite termine restringiendo el acceso al sistema financiero.

Alarco también llevó la discusión hacia la comparación internacional. Su argumento es que para evaluar las tasas de los préstamos no basta con observar el nivel máximo permitido, sino que también debe analizarse la diferencia entre lo que las entidades cobran por los créditos y lo que pagan por los depósitos.

Ese diferencial se conoce como margen de intermediación financiera. Cuando es elevado, una mayor parte de la diferencia entre las tasas activas y pasivas termina incorporándose a los ingresos de las entidades; cuando se reduce, el costo del financiamiento puede disminuir para los prestatarios y mejorar la remuneración del ahorro, siempre que la operación continúe siendo rentable.

El economista sostuvo que Perú presenta márgenes elevados frente a otros países de la región y planteó comparar el sistema nacional con Brasil, Chile y Colombia. “Perú es el segundo país de América Latina con los márgenes más altos”, afirmó, al referirse a la diferencia entre las tasas que cobran y pagan las entidades.

También mencionó a Chile como un caso en el que el margen de intermediación sería menor. Datos comparables del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran diferencias importantes entre los sistemas financieros de la región, aunque los indicadores deben interpretarse considerando las particularidades y metodologías de cada mercado.

Para Alarco, esta comparación permite incorporar otra variable al análisis: la eficiencia. Un sistema financiero no solo debe mantener estabilidad y solvencia, sino también intermediar recursos con costos que permitan ampliar el acceso al crédito y ofrecer mejores condiciones a los ahorristas.

La otra comparación mencionada por Alarco corresponde a la rentabilidad de las entidades. Durante la entrevista, sostuvo que las ganancias de la banca peruana habían alcanzado alrededor de US$4.200 millones en 2025, un incremento de 37% frente al año previo, y comparó un retorno sobre patrimonio (ROE) de 21,2% en Perú con 11,8% en Estados Unidos.

Estas cifras forman parte de los datos utilizados por el economista para sustentar su análisis sobre los márgenes del sistema. La SBS, por su parte, reportó que las utilidades anualizadas del sistema financiero llegaron a S/12.318 millones a marzo de 2025, por encima de los S/9.052 millones registrados un año antes y de los S/10.331 millones del periodo prepandemia. El organismo atribuyó la mejora principalmente a menores gastos en provisiones y menores costos financieros.

El dato de rentabilidad resulta relevante porque, para Alarco, una reducción del margen entre las tasas activas y pasivas no necesariamente supone eliminar las ganancias de las entidades. El objetivo debería ser encontrar un nivel en el que los bancos continúen siendo rentables mientras disminuyen los costos para los prestatarios y mejoran las condiciones para quienes mantienen depósitos.

Su planteamiento es que la autoridad financiera debería observar esa diferencia junto con otros indicadores del sistema y no concentrar la discusión únicamente en la estabilidad de las entidades.

La propuesta de Alarco no plantea fijar ahora un nuevo porcentaje. Su punto es que el límite debería salir de información estadística disponible en la SBS y otras entidades, con una metodología que permita cuantificar los costos de operación, el riesgo de incumplimiento y una rentabilidad considerada razonable.

Esto también evita establecer de antemano si la nueva tasa tendría que ser necesariamente menor o mayor que la vigente. El resultado dependería de los costos que se incorporen y de la forma en que se mida el riesgo de cada segmento.

El próximo cambio oficial del BCRP permitirá observar nuevamente cómo evoluciona el promedio de las tasas de consumo y, a partir de esa información, cuál será el límite aplicable desde noviembre.

En ese escenario, mientras la propuesta del Ejecutivo plantea retirar el mecanismo de topes, la alternativa discutida por el GEPS mantiene la regulación, pero busca modificar su base técnica. Para Alarco, el objetivo final debería ser más amplio que determinar una tasa máxima: “No estamos solamente preocupados por la estabilidad; también tenemos que preocuparnos por la eficiencia y la profundidad del sistema financiero”, señaló.