Beneficios tributarios: advierten que nuevas exoneraciones podrían comprometer S/27.000 millones al año

Los beneficios tributarios representan alrededor de S/27.000 millones en gasto tributario, una cifra mencionada por Catherine Eyzaguirre durante un conversatorio organizado por La República y que también ha sido reportada previamente por este medio a partir de estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El monto fue recogido en un informe del Grupo de Justicia Fiscal Perú sobre la agenda de adhesión del Perú a la OCDE.

La economista, integrante del equipo técnico económico de Juntos por el Perú, advirtió que el pedido de facultades del Ejecutivo podría abrir espacio para incorporar nuevos tratamientos preferenciales sin que previamente se revisen aquellos que ya generan un costo para el Estado.

El planteamiento forma parte del análisis elaborado por el Grupo de Economía Política y Social (GEPS) sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. El documento cuestiona, entre otros aspectos, el alcance de las atribuciones planteadas en materia tributaria y el nivel de precisión con el que se delimitan los cambios que podrían aprobarse.

El informe considera que la delegación solicitada en materia tributaria tiene un alcance amplio. Eyzaguirre explicó que el proyecto plantea modificar, simplificar y optimizar el régimen tributario de manera general, además de adecuar normas del Código Tributario.

La exposición de motivos hace referencia a una racionalización de los regímenes tributarios, pero no precisa completamente cuáles serían modificados ni bajo qué condiciones. A ello se suman los cambios previstos para los regímenes de las micro y pequeñas empresas.

Para el GEPS, esta formulación podría dejar un margen de acción mayor al contenido desarrollado específicamente. "Finalmente el Ejecutivo podría introducir modificaciones que vayan más allá de lo que está especificado en la exposición de motivos", señaló Eyzaguirre.

La observación adquiere relevancia en un contexto en el que, de acuerdo con la economista, se han aprobado o extendido distintos beneficios tributarios sin una evaluación suficiente de sus resultados.

El monto mencionado por Eyzaguirre corresponde al gasto tributario, es decir, a los ingresos que el Estado deja de recaudar como consecuencia de determinados tratamientos preferenciales. El Marco Macroeconómico Multianual recoge también una estimación del orden de S/27.000 millones.

La preocupación del GEPS está relacionada con el efecto acumulado de estos mecanismos y con la posibilidad de que se incorporen otros sin una revisión de los existentes.

La revisión planteada implica determinar si cada beneficio mantiene una justificación económica, si cumplió el objetivo para el que fue creado y si el costo fiscal continúa siendo razonable frente a sus resultados.

La observación coincide con uno de los puntos incluidos en la reciente revisión de política tributaria de la OCDE. El organismo señala que Perú ha incrementado la aprobación de gastos tributarios y advierte sobre los riesgos fiscales de nuevos mecanismos, además de recomendar evaluaciones de impacto para determinar su efectividad.

Durante el conversatorio, Eyzaguirre mencionó la agroexportación y el turismo como ejemplos de sectores cuyos tratamientos tributarios deberían ser evaluados.

En el caso de la agroexportación, el argumento se relaciona con el tiempo que lleva vigente el régimen y con el grado de consolidación alcanzado por esta actividad.

Desde su perspectiva, los incentivos deberían estar vinculados con objetivos concretos y responder a necesidades de actividades que todavía requieran consolidarse. El análisis, por tanto, plantea revisar si las condiciones que justificaron determinados mecanismos continúan presentes.

También se refirió a los beneficios concedidos al sector turismo durante la pandemia. Aquellas medidas fueron adoptadas en un contexto de fuerte caída de la actividad, pero Eyzaguirre considera que las circunstancias actuales son diferentes.

La economista añadió que también debería determinarse qué tipo de empresas terminó aprovechando esos mecanismos, debido a que algunos beneficios podrían haber alcanzado a compañías que ya contaban con una posición consolidada.

El GEPS plantea además revisar la creación de nuevas zonas económicas especiales y otros tratamientos preferenciales bajo criterios de transparencia, sustento técnico y cumplimiento de objetivos.

Otro aspecto abordado por Eyzaguirre fue la información disponible sobre quiénes reciben los beneficios tributarios.

Mientras el gasto presupuestario cuenta con mecanismos de seguimiento sobre su asignación y ejecución, el gasto tributario aparece principalmente mediante cifras agregadas por sectores o conceptos.

La economista explicó que el Marco Macroeconómico Multianual permite conocer cuánto se deja de recaudar por determinados sectores en términos agregados, pero no ofrece el mismo nivel de detalle sobre las empresas que reciben esos tratamientos.

Para Eyzaguirre, esa falta de información puede tener consecuencias sobre la percepción de equidad del sistema tributario. Si un contribuyente desconoce quiénes reciben un tratamiento preferencial, puede percibir diferencias que afectan su disposición a cumplir con sus obligaciones.

La OCDE también plantea mejorar la transparencia en la medición de los gastos tributarios y señala que ampliar la información disponible permitiría evaluar mejor su costo y efectividad.

La intervención de Germán Alarco incorporó otra dimensión al análisis del GEPS: la capacidad de recaudación del Estado peruano frente a otros países de la región.

El economista señaló que Perú registró una presión tributaria equivalente al 16,3% del PBI en 2024, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe alcanzó el 21,7%, de acuerdo con las estadísticas de la OCDE.

A partir de esa diferencia, Alarco calculó una brecha cercana a cinco puntos porcentuales del PBI. Con el tamaño de la economía que mencionó durante el conversatorio, estimó que esa diferencia equivaldría a unos US$15.000 millones anuales.

El investigador vinculó esta situación con las limitaciones para financiar infraestructura y servicios públicos, aunque también señaló que existe un problema relacionado con la calidad del gasto.

El cálculo de los US$15.000 millones corresponde a la estimación expuesta por Alarco durante el conversatorio. No se trata de una cifra publicada por la OCDE como una brecha que Perú pueda recuperar íntegramente.

Alarco también adelantó que el GEPS trabaja otros documentos relacionados con las facultades solicitadas por el Ejecutivo, entre ellos uno referido a la diversificación productiva.

Su planteamiento en este punto se centró en las condiciones que deberían acompañar las políticas de promoción económica. Según explicó, el apoyo estatal debería estar vinculado con compromisos concretos de los sectores o empresas beneficiadas.

La idea planteada por el investigador es que las facilidades otorgadas desde el sector público tengan objetivos verificables y estén vinculadas con resultados concretos.

El análisis del GEPS sobre las facultades legislativas coloca así el foco en dos aspectos de la política tributaria: el margen que tendría el Ejecutivo para modificar las reglas una vez aprobada la delegación y la necesidad de evaluar los beneficios que ya representan un costo para el fisco.

En el caso de las MYPE, el informe añade que una reorganización de los regímenes tributarios no resolvería por sí sola la informalidad si no se acompaña de medidas relacionadas con crédito, productividad, servicios estatales y educación financiera. A ello se suma la necesidad de verificar si los incentivos vigentes están cumpliendo los objetivos que justificaron su creación.