“Pese a que no se ha aumentado el presupuesto, es nuestro compromiso, ya no solo interdictar, sino golpear e investigar a quienes financian y suministran la cadena de la minería ilegal”

A quien se le consultó sobre la Declaratoria de Emergencia del distrito de Nanay. “Saludamos que el Estado haya decidido poner como tema de importancia este pedido que se ha venido impulsando desde hace un año por parte de los organismos técnicos como la dirección de energía y minas y otros integrantes de la mesa técnica contra la minería.

Para nosotros como ministerio público, nos parece importante que el Estados ponga como foco de atención esta zona que viene siendo expuesta por altos índices de minería ilegal. Esto nos compromete a seguir trabajando con mayor énfasis.

Antes no podíamos más que estar ligados a realizar investigaciones, pena y hacer actos de interdicción. Pero ahora con la restricción de derechos, nos va a permitir tener mayor presencia en los ríos y en el control de toda la cadena de suministro que pretenda ingresar al Nanay. No solo combustible, sino accesorios, autopartes que ingresan a la zona de manera clandestina y a veces nosotros no podíamos tener un seguimiento oportuno,

Pero ahora con información fidedigna adquirida respecto de cualquier situación, podemos entrar a una comunidad a hacer actos de verificación e incautación. Antes para poder ingresar a una propiedad debíamos contar con una orden de allanamiento, un registro y un sinnúmero de mecanismos legales que nos concede el juez. Pero ahora bastaría con una información formal para realizar ese control que creemos necesario.

Antes ha ocurrido, cuando se dio una Declaratoria de Emergencia. Ingresamos al alto Nanay, a la comunidad de Alvarenga, cuando se verificaron algunas viviendas rústicas se encontraron bienes que son destinados a la implementación de dragas.  

Esto compromete a las autoridades marítimas a hacer rígidos en sus controles, entrando a verificar a las embarcaciones. Hoy se hace, pero que mejor sería si existe un control del insumo químico que parte de Iquitos a esa zona. Existe un pedido de que haya un control más rígido, y todo combustible que no tenga sustento técnico sea declarado ilegal. Pero no en el contexto de peligro común, sino en un contexto de financiamiento a la minería ilegal. Sabemos que la mayoría del combustible va dirigido a ese tipo de actividades” opinó el fiscal.

¿Lo malo está en que dan la Declaratoria de Emergencia, pero sin presupuesto?

-Así es. Con el mismo presupuesto que tiene cada institución. El único que cuenta son las instituciones encargadas en el subsector, por lo que nuevamente se tiene que recurrir ante ellos para realizar operativos en la zona, tener mayor presencia y que ésta sea permanente.   

Tanto se lucha para que al final se diga, con el mismo presupuesto deben seguir trabajando y el presupuesto es reducido. Pero cómo fiscalía ambiental seguimos trabajando, ese es nuestro compromiso. Ya no sólo para interdictar, sino para golpear e investigar a quienes financian y suministran esa cadena.