Perú registra una denuncia por secuestro cada 93 minutos: septiembre alcanzó el pico de 2026

Cada 93 minutos, en promedio, se registró una denuncia por secuestro en el Perú durante septiembre. En ese mes, el Ministerio Público recibió 463 reportes, la cifra más alta de 2026. Detrás de este registro hay víctimas interceptadas por desconocidos, familiares sometidos a exigencias económicas y personas que, además de afrontar el temor por la integridad de sus seres queridos, deben responder a las amenazas de los captores.

Los datos corresponden al Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, con corte al 30 de septiembre, y fueron analizados por Juan Carbajal, especialista en análisis de datos. Según su reporte, el país acumuló 3.910 denuncias por secuestro en los primeros nueve meses del año. El promedio diario de septiembre superó los 15 casos, una frecuencia que permite dimensionar la presión que este delito ejerce sobre las familias afectadas.

Proyecciones indican que el Perú cerraría el año con cifra récord de denuncias por secuestro

La evolución de los registros también muestra un cambio respecto de años anteriores. En 2020, el promedio mensual fue de 142 denuncias; en lo que va de 2026, asciende a 434. Es decir, el volumen mensual se ha más que triplicado en seis años. Aunque las denuncias no equivalen necesariamente a condenas ni permiten establecer por sí solas cuántos casos responden a una misma modalidad criminal, sí muestran un aumento sostenido de los reportes que llegan al sistema fiscal.

Los casos registrados en Lima durante septiembre permiten observar cómo se manifiesta este delito. El empresario pastelero Hermerson Carrasco Elises fue secuestrado frente a su negocio, en Los Olivos, y permaneció retenido unas 16 horas. La Policía lo encontró en un inmueble de Lima Norte. Durante el cautiverio, los delincuentes realizaron operaciones bancarias con dinero de la víctima, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

En esos mismos días, un operario minero fue interceptado en San Juan de Lurigancho. Sus captores exigieron S/70.000 a sus familiares. Otro caso involucró a un trabajador de una distribuidora de gas, secuestrado en San Martín de Porres y rescatado posteriormente en Punta Negra. En este último hecho, los delincuentes habrían exigido S/100.000.

Los tres casos tuvieron lugar en un periodo breve y compartieron un elemento central: la búsqueda de dinero mediante el secuestro. En dos de ellos, las investigaciones policiales identificaron posibles coincidencias entre los responsables. Sin embargo, establecer si los ataques forman parte de una misma organización requiere pruebas que vinculen a los implicados con cada hecho.

La violencia también aparece en otros casos de gran repercusión. En Trujillo, el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado el 30 de agosto, en un ataque en el que asesinaron a cuatro personas que lo acompañaban. La investigación tuvo avances durante septiembre. Aunque este caso no forma parte de los secuestros ocurridos en ese mes, ilustra el nivel de violencia que puede acompañar a estos delitos.

El aumento de septiembre también se reflejó en el balance trimestral. Entre julio y septiembre, el Ministerio Público registró 1.345 denuncias por secuestro, por encima de las 1.295 del primer trimestre y las 1.270 del segundo. El tercer trimestre concentró así el mayor número de reportes de este año.

A partir de esta tendencia, Carbajal plantea dos escenarios para el cierre de 2026. Si el ritmo se mantiene, el país terminaría con 5.213 denuncias, un 6% más que las 4.918 registradas en 2025. Si el último trimestre experimenta un aumento estacional, el total podría llegar a 5.299, un incremento de 7,7%.

Ambas cifras son proyecciones, no resultados confirmados. Su importancia radica en que anticipan que el registro anual podría superar el de 2025 y convertirse en el más alto desde 2020, según la serie analizada por Carbajal.

El balance de septiembre plantea, así, dos dimensiones del problema: el crecimiento de las denuncias y la persistencia de secuestros en los que los delincuentes buscan obtener dinero mediante amenazas y retención de personas. Los registros fiscales permiten medir la magnitud de los reportes, mientras que las investigaciones de cada caso deben establecer quiénes participaron, cómo operaron y si existen conexiones entre los ataques.