Perú registra casi 2.000 casos de trata de personas en 8 meses: Estado solo cubre el 1% del presupuesto necesario

La trata de personas continúa siendo uno de los delitos que plantea mayores desafíos para el Estado peruano. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 1.994 casos, mientras que, desde 2023, la cifra supera los 9.500. Bajo ese contexto, la organización CHS Alternativo alertó que cinco compromisos legales, presupuestales e institucionales siguen pendientes, lo que limita la prevención del delito y la protección de las víctimas.

El organismo advirtió que, pese a que el Perú cuenta desde 2021 con la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030 , aún existen brechas que dificultan su implementación. Para Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, las normas y los compromisos asumidos no son suficientes si no se traducen en recursos, servicios especializados y resultados verificables.

Uno de los principales pendientes es la creación de un programa presupuestal multisectorial orientado a resultados, establecido en la Ley N.° 30925. Esta norma dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio del Interior, diseñe este mecanismo para implementar las políticas contra la trata de personas.

Sin embargo, según CHS Alternativo, han transcurrido más de siete años desde que se estableció esta obligación sin que se concrete. Valdés advirtió que esta ausencia limita la capacidad estatal para prevenir, investigar y sancionar el delito, además de garantizar servicios adecuados de protección y recuperación para las víctimas.

Otro de los problemas identificados es la falta de recursos suficientes para ejecutar la Política Nacional al 2030. Un estudio realizado a pedido de CHS Alternativo en 2023 estimó que se necesitan al menos S/1.159 millones para implementar adecuadamente las acciones contempladas en esta estrategia. No obstante, la organización señala que el presupuesto destinado en los últimos años representa apenas el 1% de ese monto.

La brecha también se refleja en la atención a las víctimas. De acuerdo con el X Informe Alternativo, de los 17 servicios previstos para su atención y reintegración, solo cuatro recibieron una asignación presupuestal específica, lo que restringe la disponibilidad de servicios especializados.

CHS Alternativo también alertó sobre la falta de reglamentación específica de la Ley N.° 31664, publicada hace más de tres años. Esta norma establece medidas para que los establecimientos que brindan acceso a Internet en espacios públicos cuenten con registros y filtros que impidan que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos pornográficos y violentos.

Según la organización, la ausencia de esta reglamentación limita la capacidad de las municipalidades y de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) para fiscalizar el cumplimiento de estas medidas y sancionar a los establecimientos que las incumplan.

A ello se suma la necesidad de fortalecer la respuesta frente al trabajo forzoso, otra de las finalidades de la trata de personas que, según CHS Alternativo, requiere mayor capacidad de detección e investigación.

La organización advirtió que esta modalidad puede presentarse en actividades vinculadas a economías ilegales, como la minería ilegal, donde las víctimas pueden ser captadas mediante falsas ofertas laborales y luego sometidas a jornadas extensas, condiciones precarias, endeudamiento, amenazas o restricciones para abandonar el lugar de trabajo.

Aunque la Ley N.° 31330 y su reglamento establecen mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar el trabajo forzoso, persisten brechas en la fiscalización laboral, el registro de información y la investigación de estos casos, especialmente en zonas alejadas y con limitada presencia estatal.

El quinto pendiente señalado por CHS Alternativo es la falta de una rendición de cuentas efectiva y accesible sobre las acciones del Estado frente a este delito.

En septiembre de 2025, el Ejecutivo volvió a informar al Congreso sobre la lucha contra la trata de personas, después de varios años. Posteriormente, el Parlamento creó una Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación y Monitoreo sobre los avances en esta materia.

Sin embargo, la organización advierte que aún falta información clara sobre las acciones ejecutadas, las metas alcanzadas, los recursos asignados y los compromisos que siguen sin cumplirse. Por ello, considera necesario que el Ejecutivo vuelva a presentar sus avances ante el Pleno del Congreso y ante toda la representación nacional.

En ese contexto, Ricardo Valdés sostuvo que el país necesita una estrategia nacional de prevención validada, capaz de articular las acciones estatales, establecer prioridades y medir resultados.

La organización reiteró que enfrentar la trata de personas requiere continuidad, coordinación entre instituciones y recursos sostenidos para garantizar la prevención, persecución del delito, protección y reintegración de las víctimas.