Niña contrajo VIH hace 11 años durante atención en el hospital Cayetano Heredia y familia aún busca justicia: "Destruyeron la vida de mi hija"

Una familia lleva 11 años buscando una indemnización y respuestas por el caso de su hija que, según la denuncia de sus padres, contrajo VIH durante la atención médica que recibió en el Hospital Cayetano Heredia . La menor nació en agosto de 2013 y actualmente tiene 13 años. Sus progenitores sostienen que el contagio ocurrió durante el periodo en que permaneció internada y fue sometida a diversos procedimientos.

El caso continúa en el ámbito judicial mientras la familia enfrenta un nuevo obstáculo: un peritaje cuyo costo asciende a S/15.000. La diligencia fue ordenada cuando esperaban la sentencia y el Poder Judicial estableció un plazo de un año para reunir el dinero. El padre señaló que no cuenta con los recursos para asumir ese pago, mientras el proceso de indemnización permanece pendiente.

La menor ingresó en el Hospital Cayetano Heredia en agosto de 2013. Según el relato de su madre, durante el parto se detectó una infección grave y la cesárea se realizó después de varias horas. Tras nacer, la bebé fue diagnosticada con meningitis y permaneció 14 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Dos meses después recibió otro diagnóstico: hidrocefalia.

A lo largo de su hospitalización, la menor atravesó 17 cirugías cerebrales y tres transfusiones de sangre, de acuerdo con sus familiares. Al cumplir dos años, la trasladaron al Hospital del Niño para nuevos chequeos previos a otra operación. Fue en esa institución donde se confirmó su diagnóstico de VIH, aunque las pruebas de ambos padres dieron negativo. Como consecuencia, la niña perdió la vista y no logró desarrollar el habla. Hoy en día necesita tratamiento antirretroviral, medicación para el control de convulsiones, pañales y terapias continuas.

Luego de que la denuncia saliera a la luz, el Ministerio de Salud descartó la vía de las transfusiones para la transmisión del VIH, apoyándose en los resultados negativos de los donantes e indicando la imposibilidad de determinar el lugar exacto del contagio. La falta de identificación de responsables condujo al archivo del proceso penal.

Buscando una reparación civil, la familia entabló una demanda. Pese a que la defensa del Estado rechaza las acusaciones, un informe de 2025 evidenció irregularidades en el protocolo de transfusión, sumadas a la ausencia de consentimiento informado y de registros clínicos según denunció el abogado de las víctimas. Actualmente, la causa se encuentra estancada ante la exigencia de un peritaje valorado en S/ 15.000, monto insostenible para una economía familiar golpeada:

el padre labora jornadas de 14 horas, el hijo mayor se vio obligado a dejar los estudios para trabajar y la madre cuida de la menor, imposibilitada de caminar sin rehabilitación. El Minsa derivó los descargos a su procuraduría, que no respondió al cierre de esta edición.