La urgencia de las finanzas locales un país tan diverso

Un proceso de descentralización es una vía para mejorar la calidad de vida de las personas, no es un fin en sí mismo. Los ciudadanos esperan recibir bienes públicos en las cantidades y calidades adecuadas. Sin embargo, luego de 24 años del actual proceso de descentralización no se ha logrado el efecto deseado. Aparte de los problemas de corrupción, vemos que existe mucha ineficiencia debido a que existe dinero asignado, disponible y no ejecutado, mientras los distritos que reciben estos recursos siguen sin agua potable y sin saneamiento.

Ese es el verdadero estado de nuestra descentralización fiscal. Regiones y municipios administran cerca del 36% del presupuesto público, unos S/ 87.000 millones al año, pero los gobiernos locales ejecutan en promedio apenas el 55% de su presupuesto de inversión.El diagnóstico sencillo es la escasez de recursos. El correcto es más complejo: aplicamos un mismo marco fiscal a tres países distintos. En Lima Metropolitana, la autonomía fiscal —lo que el municipio recauda por sí mismo— llega al 48%. En las ciudades intermedias cae al 31%.

En el Perú rural, cae al 16%, con transferencias que representan tres cuartas partes del presupuesto y donde el canon minero y las regalías suman más de la mitad de todos los ingresos. Un alcalde rural puede cobrar o no cobrar el predial sin que su presupuesto cambie de manera perceptible. No es pereza: es aritmética.A ese problema, se suma otro que, en teoría, no debería existir, porque el marco legal lo previene. A pesar de ello, al cierre de 2025, la deuda de los gobiernos locales alcanzó S/ 9597 millones. La cifra agregada es manejable, cerca del 0,8% del PBI, y por eso mismo, engaña.

Una sola municipalidad, la de Lima, concentra el 54% de toda la deuda municipal del país: S/ 5.188 millones, de los cuales S/ 4.000 millones corresponden a tres emisiones de bonos colocadas en el mercado internacional entre 2023 y 2025. Su ratio de deuda sobre ingresos corrientes bordea el 380%, casi cuatro veces el límite legal del 100%. En junio de 2025, perdió el grado de inversión. Entre 2027 y 2038, deberá destinar unos S/ 440 millones anuales al servicio de esa deuda, frente a los S/ 155 millones que pagaba históricamente:

un monto equivalente a toda su inversión anual reciente, comprometido por tres gestiones que aún no han sido elegidas.Fuera de Lima, el patrón es otro. Veintiséis municipalidades incumplen la regla de deuda de manera persistente desde 2017 y concentran la quinta parte de la deuda subnacional, casi siempre por mora previsional acumulada: deudas con la ONP, las AFP y Essalud que se heredan de gestión en gestión. Y hay distritos pequeños con deudas per cápita superiores a S/ 8000.

Son tres enfermedades distintas y la tentación será tratarlas con un mismo remedio.Ante este escenario, en Agenda 2026 Regional, iniciativa de la Universidad del Pacífico, proponemos 4 rutas de acción. Primero, dejar de legislar como si todos los municipios fueran iguales. Para el Perú rural, un predial calculado por área o productividad del suelo con exenciones a pequeños productores, administración tributaria mancomunada, un Foncomun que reconozca la dispersión poblacional —atender a un habitante rural cuesta entre una vez y media y cuatro veces más que a uno urbano.

Para las ciudades, lo contrario: catastro modernizado con revaluación quinquenal obligatoria, captura de plusvalías por urbanización y arbitrios con metodología estandarizada que acabe con la judicialización crónica.Segundo, supervisión focalizada. Si cien municipios concentran el 97,6% de la deuda, vigilar por igual a los 1.874 distritos es caro e inútil. Un esquema de tres velocidades —mensual para los críticos, semestral para los intermedios, anual para el resto— cuesta menos y sirve más.Tercero, cerrar la puerta que abrió el problema limeño:

eliminar la excepción legal que permite endeudarse por encima del límite cuando se tiene buena calificación crediticia, fijar un techo al servicio de deuda y acordar un plan de saneamiento con metas verificables.Y cuarto, la regla que ordena a las demás: la capacidad debe preceder a los recursos. La lección del canon es definitiva: transferir dinero sin transferir capacidad produce planilla, obras menores, no bienestar.Nada de esto exige refundar la descentralización ni aprobar una nueva ley de bases. La mayoría de estas medidas se implementa por decreto o por norma reglamentaria.

Lo que exige es admitir que veinte años de descentralización del gasto no produjeron descentralización del bienestar, y que seguir repartiendo plata sin cambiar incentivos es la manera más cara de no hacer nada.*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.