La Amazonía sigue sufriendo la ausencia del estado

Los indicadores son el instrumento que permite a quienes conducen el Estado saber cuánto han avanzado en sus objetivos de gobierno y qué variables deben priorizar con los recursos que tienen. En ese sentido, el Índice Regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2026, elaborado por la Universidad del Pacífico, traduce compromisos globales en variables concretas y medibles para las 26 jurisdicciones del país. Sin embargo, lo que revela es, al mismo tiempo, un diagnóstico severo: el país promedia 60.2 puntos sobre 100, y solo el 7% de sus jurisdicciones alcanza el nivel esperado para 2030.

Dentro de todo ese universo, la región Loreto obtiene 11.7 puntos sobre 100 en el objetivo de educación de calidad. Es decir, la región más extensa del territorio nacional recibe en el indicador una nota que en cualquier colegio significaría repetir el año. Lamentablemente, es el resultado de la acumulación visible de años en que las políticas necesarias no llegaron a ejecutarse por la inestabilidad política y la corrupción.

Asimismo, es necesario remarcar que ninguno de los tres objetivos en situación crítica —educación, infraestructura y empleo digno— se resuelven en un solo periodo de gobierno. Se requieren, además de la continuidad de equipos profesionales en base al orden de méritos, acumular decisiones que trasciendan una gestión, una visión de Estado. El Perú ha tenido en la última década más ministros de educación que reformas educativas completadas. Los seis territorios con peor desempeño, como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Amazonas y Puno, son también los más alejados del centro del poder.

Y es tan tangible como la brecha de casi treinta puntos entre Moquegua, que encabeza el ranking con 71.7, y Loreto, que lo cierra con 42.6, habla por sí sola. Vale recordar que la Agenda 2030 vence en cuatro años. Ante ello, lo que el índice entrega a los ciudadanos amazónicos es algo más que un diagnóstico. Les da la evidencia para exigir a sus representantes en el Congreso y los gobiernos locales, regionales y nacionales trabajar por ello. En eso consiste ejercer una ciudadanía activa.