Exclusión estructural: 9 lenguas originarias sin intérpretes para acceder a justicia, salud y servicios básicos

Para una persona cuya lengua materna no es el castellano, enfrentar una audiencia judicial puede convertirse en una barrera adicional si no cuenta con un intérprete. En el Perú, la legislación reconoce el derecho de los ciudadanos a usar sus lenguas originarias y establece obligaciones para que las entidades públicas garanticen su atención.

En ese escenario, los intérpretes de lenguas indígenas cumplen una función que va más allá de trasladar palabras de un idioma a otro: deben transmitir el sentido de lo que una persona declara y comprender el contexto cultural en el que se expresa.

Lourdes Paredes, intérprete oficial de shipibo-konibo e integrante de esta comunidad, conoce esa realidad desde las audiencias judiciales en las que participa. Para ella, la ausencia de un intérprete puede tener consecuencias directas sobre el proceso. "Cuando no hay traductor, las audiencias demoran, se postergan o no llegan a tener justicia", señala.

Paredes cuenta que ha conocido casos en los que integrantes de su pueblo fueron involucrados en investigaciones y terminaron siendo considerados responsables de delitos porque no pudieron comunicarse adecuadamente con las autoridades. "Hay casos donde un indígena fue encontrado en el lugar del delito y lo detuvieron simplemente porque nadie le entendía y no podía defenderse", relata.

La intérprete, natural de la comunidad Betel, en Ucayali, explica que conocer una lengua no basta. "Traducir un idioma es distinto a traducir una cultura", sostiene. Un intérprete debe comprender las expresiones, referencias y formas de comunicación de la comunidad para transmitir correctamente lo que una persona quiere decir, especialmente en un proceso judicial.

Paredes es docente intercultural bilingüe y estudió en la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS). Después de trabajar como profesora en comunidades shipibo-konibo, recibió capacitación para desempeñarse como intérprete y se especializó en justicia indígena. Actualmente participa incluso en audiencias virtuales.

Para Juan Rubén Ruiz, especialista en interculturalidad de la UCSS, el problema no se limita a la administración de justicia. La barrera lingüística también puede aparecer cuando ciudadanos indígenas acuden a servicios públicos en los que necesitan explicar su situación o comprender documentos y procedimientos.

La creación del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias (RENITLI) y la Ley 29735 constituyeron herramientas para garantizar los derechos lingüísticos reconocidos por el Estado.

La norma reconoce el derecho de toda persona a usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado y establece obligaciones para que las entidades públicas puedan atender a los ciudadanos en su lengua materna.

Ruiz sostiene que la formación de profesionales que conozcan tanto el idioma como la realidad cultural de las comunidades resulta fundamental para que ese derecho pueda ejercerse en la práctica.

Ese trabajo también tiene una dimensión de preservación cultural. Juan López Bautista, líder yanesha y docente intercultural bilingüe, lleva décadas trabajando por la revitalización de su lengua.

A sus 69 años, López ha participado como intérprete en audiencias judiciales y también en trámites ante Reniec, entre ellos actas de nacimiento, defunción y matrimonio. Pero su trabajo no termina en la traducción.

Ha elaborado más de diez libros de comunicación, etnomatemática, botánica, zoología y anatomía en yanesha, materiales utilizados para la formación de jóvenes de esta nación amazónica. Por ese aporte recibió recientemente el grado de Doctor Honoris Causa de la UCSS. "Han sido muchos años de investigación, pero finalmente la lengua yanesha se está revitalizando", afirma.

López recuerda que cuando comenzó su trabajo la cantidad de hablantes era mucho menor. Hoy, sostiene, la formación de nuevos profesionales en su propia lengua permite que los jóvenes regresen a sus comunidades y trabajen desde sus propias realidades.

Su historia también se cruza con la de la Iglesia. Se reunió con Juan Pablo II durante su visita al Perú y con Francisco en 2018, en Puerto Maldonado. También conoció a Robert Prevost en 2022, cuando era obispo, y está convocado para participar en noviembre en el encuentro de representantes de pueblos amazónicos con León XIV durante su visita al país.

Para López, preservar una lengua implica también garantizar que las nuevas generaciones puedan estudiar, trabajar y relacionarse con las instituciones sin dejar atrás su identidad.