El comando unificado y los límites de la mano dura

La expansión del crimen organizado constituye uno de los mayores desafíos para la estabilidad latinoamericana. Las organizaciones delictivas han dejado de operar como bandas aisladas para convertirse en redes transnacionales que combinan violencia, corrupción, lavado de activos y tecnología.

En el Perú, la extorsión y el sicariato han convertido la inseguridad en una amenaza directa contra la economía, la convivencia social y la autoridad del Estado.Frente a esta realidad, la creación del comando unificado, instalado en el Cuartel General del Ejército, expresa una respuesta orientada a recuperar el control territorial. El despliegue anunciado de 1.350 efectivos, junto con patrullajes conjuntos y vigilancia mediante drones, busca reforzar la presencia estatal en zonas críticas.

Sin embargo, concentrar fuerzas no equivale necesariamente a desarticular organizaciones criminales.La experiencia regional demuestra que las intervenciones militarizadas pueden producir resultados inmediatos, especialmente cuando existe coordinación operativa y objetivos delimitados. No obstante, también pueden desplazar el delito hacia otros territorios, estimular nuevas modalidades criminales y generar una dependencia permanente de medidas excepcionales.

La disuasión resulta indispensable, pero insuficiente cuando las estructuras financieras y los mandos delictivos permanecen intactos.El problema central radica en confundir presencia territorial con capacidad institucional. Una patrulla puede impedir temporalmente una extorsión, pero difícilmente identificará por sí sola a quienes administran las redes de cobro, ordenan asesinatos o blanquean ganancias ilícitas.

Para ello se necesitan inteligencia financiera, investigación especializada, cooperación internacional y herramientas tecnológicas integradas bajo una conducción estratégica coherente.La eficacia también depende del sistema judicial. Incrementar las detenciones sin fortalecer simultáneamente fiscalías, laboratorios criminalísticos y juzgados especializados puede saturar los procedimientos y favorecer la impunidad.

La verdadera medida del éxito no debería ser únicamente el número de intervenidos, sino la reducción sostenida de homicidios y extorsiones, el desmantelamiento de redes y las condenas obtenidas con pruebas sólidas.La dimensión constitucional tampoco admite improvisaciones. Las Fuerzas Armadas pueden aportar disciplina, logística, movilidad y capacidades de vigilancia, pero su participación debe respetar las competencias policiales, el marco legal y los derechos fundamentales.

Convertir una intervención excepcional en política permanente terminaría debilitando las instituciones encargadas de garantizar el orden interno.Además, la amenaza exige actuar sobre sus fuentes de financiamiento. Controlar las cárceles, vigilar las fronteras, combatir la corrupción y seguir el dinero ilícito resulta tan importante como recuperar las calles.

Sin estas acciones, cualquier victoria operativa será pasajera y las organizaciones criminales encontrarán nuevas oportunidades para reorganizarse.El comando unificado debe entenderse, por tanto, como un instrumento temporal dentro de una estrategia nacional verificable, con responsabilidades definidas, indicadores públicos y supervisión civil. La prioridad consiste en fortalecer la policía, modernizar la investigación criminal y asegurar una justicia oportuna.

La seguridad sostenible no depende de militarizar indefinidamente el país, sino de construir un Estado competente, coordinado y capaz de ejercer plenamente su autoridad. Esa es la verdadera garantía de soberanía y estabilidad democrática.*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.