Discapacidad y gobiernos locales: urge rendición de cuentas

Cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, la falta de información puede convertirse en una manera de invisibilizar la deuda pendiente que el Estado tiene con ciudadanos históricamente marginados. Por ello, rendir cuentas no debe interpretarse únicamente como un trámite burocrático.

Es una obligación vinculada con la transparencia y debe realizarse oportunamente para conocer cómo se están utilizando los recursos destinados, en este caso puntual, a garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.El informe nacional de rendición de cuentas del Conadis, correspondiente al 2025, reveló que, de las 1.917 entidades comprendidas en la Ley 32139 (26 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1.695 municipalidades distritales), solo 833 cumplieron con presentar la justificación de sus gastos en el plazo legal y 73 lo hicieron posteriormente.

¿Qué pasó con las 1.011 entidades restantes?Ante este hecho, cabe preguntar también: ¿se está pasando por alto lo que ocurrió, lo que se hizo o dejó de hacer? ¿Quién debe responder si no se corrigió y qué consecuencias genera el incumplimiento? ¿Qué garantía tenemos de que esto mismo no se repita cuando culmine la gestión de los gobernadores y alcaldes a fines del 2026?

Para ello, debemos exigir que la temática de la discapacidad forme parte visible del proceso de transferencia mediante una rendición de cuentas con enfoque de derechos y que cada entidad precise cuánto presupuesto recibió y ejecutó; qué porcentaje destinó a la Oredis o a la Omaped; qué servicios implementó; qué obras de accesibilidad realizó; qué metas alcanzó y qué quedó pendiente para que la siguiente administración continúe.Si a fin de año volvemos a tener cientos de entidades que no rindieron cuentas, el problema no será la falta de información.

Será que el sistema permitió que una obligación vinculada a derechos fundamentales dejara de ser atendida. En este aspecto, la contraloría tiene un rol central en la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 32139 y el Conadis tiene responsabilidades específicas en materia de seguimiento, fiscalización y sanción dentro del ámbito de sus competencias. A todo esto, el Conadis tendrá una valiosa oportunidad para demostrar que la fiscalización puede convertirse en una herramienta de protección de derechos y no solamente en la respuesta posterior al incumplimiento.

Y es que el resultado del proceso de control no debe medirse por el número de actas levantadas o por las multas impuestas porque su utilidad real está directamente relacionada con las consecuencias favorables o desfavorables.Como queda claro, estas reflexiones, realizadas en el marco del 16 de octubre, Día Nacional de la Persona con Discapacidad, buscan dejar constancia de que las políticas públicas destinadas a garantizar derechos necesitan continuidad, memoria institucional y mecanismos efectivos de seguimiento, aspectos que deben tomar en cuenta las nuevas autoridades para garantizar, todos los días, el ejercicio efectivo de los derechos de sus vecinos en condición de discapacidad.*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones.

En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.