Cusco: ¿por qué el proyecto de drenaje pluvial Cachimayo enfrenta una disputa técnica y contractual?

El proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo, diseñado para proteger a más de 200 000 familias de Cusco del impacto de las inundaciones, se halla sumido en una controversia técnica y contractual.

El foco principal del conflicto radica en el denominado "Sistema Casuarinas", una de las fases centrales del proyecto, que comprende la construcción de grandes reservorios urbanos y cuyo desarrollo representa aproximadamente el 60 % del plazo global de la obra.

Las dificultades en este tramo comenzaron desde el inicio de los trabajos de campo debido a la fuerte oposición de los residentes locales y a deficiencias en la formulación del expediente técnico.

Juan Carlos Velázquez, representante del Consorcio Cachimayo, explicó las razones del entrampamiento. "Al momento en que el consorcio quiso iniciar los trabajos en esta obra, los vecinos se opusieron a que el consorcio elaborara todo lo que había que hacer. Y básicamente el problema nace porque en el expediente técnico debió realizarse una sensibilización con la población y explicarles claramente qué era lo que se iba a hacer", dijo.

En el programa Prueba de fuego, de RPP TV, señaló que, a raíz de esta resistencia ciudadana, el "Sistema Casuarinas se ha paralizado por más de 300 días". "Es una obra tan importante que ocupa el 60 % del plazo total de la obra", remarcó.

Por su parte, la abogada Claudia Reyes, especialista en derecho de la construcción, explicó la situación jurídica del caso: "Primero hay que tener en claro que esta es una obra contratada bajo un convenio de préstamo con el BID. Acá no aplica ley de contrataciones. Es más, el contrato dice de manera literal que solo aplican las reglas del contrato, excluye de manera literal la aplicación de la ley de contrataciones y establece que en cualquier vacío existente aplica el Código Civil".

Bajo estas condiciones de contratación, apuntó la abogada, la supervisión de la obra "ha aprobado una solicitud de evento compensable cuya responsabilidad es única y exclusiva de la entidad (estatal)" por más de 160 días de paralización.

"La entidad (Programa Nacional de Saneamiento Urbano —PNSU—, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) dice que no le voy a dar nada porque hay un procedimiento establecido en el contrato y que existe una demora por parte del contratista, por lo que perdió el derecho", detalló Reyes.

Frente a esta postura del sector público, la abogada cuestionó el argumento de caducidad y sostuvo que "los plazos de caducidad que invoca la entidad solamente pueden estar determinados en el contrato o que exista una ley que lo determine y este caso no se ha dado".

Al respecto, Velázquez manifestó que el retraso no obedece a un incumplimiento empresarial, sino a la falta de entrega del predio debidamente saneado por parte de la entidad pública. "No hay demora por parte del consorcio", aseveró Velázquez, quien remarcó que la administración del contrato del Programa Nacional de Saneamiento Urbano reconoció que el problema nace "porque hay una resistencia social a que se ejecute esta obra frente a sus casas".

En tanto, María del Carmen Casas, representante del PNSU del Ministerio de Vivienda, rechazó categóricamente que el proyecto se encuentre detenido en su totalidad.

"La obra no está paralizada y las autoridades locales pueden dar fe de ello", afirmó.

Según la representante gubernamental, la obra comprende nueve frentes de trabajo activos, de los cuales "dos se han culminado al 100 %, tres están por encima del 90 % y los otros cuatro están en ejecución".

Precisó que "hay un sector que está en controversia porque el contratista no ha entrado a hacer los trabajos".

"Los conflictos sociales en el sector en controversia, las Casuarinas, ya han sido resueltos y nosotros lo tenemos documentado por el propio contratista, que ha presentado actas notariales", dijo.

Respecto de la controversia por los 158 días del evento compensable, Casas confirmó que, en el marco de las políticas del BID, la entidad revisa el recurso presentado por la empresa.

"Al denegar esa ampliación, la contratista ha pedido una reconsideración y para ello nosotros hemos solicitado mayor sustento a la supervisión de ciertos vacíos que hemos encontrado en su informe y que debemos estar resolviendo en esta semana", detalló.

Para intentar destrabar el conflicto y resguardar la seguridad de cerca de 200 000 familias cusqueñas, Casas detalló que el Ministerio de Vivienda, a través del viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Leseta, instaló una mesa de trabajo técnica con la participación del PNSU, la supervisión y el Consorcio Cachimayo.

"Esto con el fin de revisar algunos temas que hay en desacuerdo y que entre los actores se debe buscar algunos puntos de consenso que coadyuven finalmente a mejorar el avance de la obra y a destrabar algunos temas en controversia", refirió.