Atentado en Sorochuco no sería un “nuevo Chuschi”: alertan por violencia electoral y avance de economías ilegales

El atentado registrado durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Sorochuco, provincia de Celendín, no solo interrumpió la votación. El hecho abrió interrogantes sobre los antecedentes de violencia política en Cajamarca y los riesgos que podrían aparecer en futuros procesos electorales.

El investigador en temas de narcotráfico y crimen organizado Jaime Antezana sostuvo que la región tiene antecedentes de acciones destinadas a boicotear procesos electorales, aunque ninguna habría conseguido paralizar una jornada de votación como ocurrió esta vez. “Ha habido eventos que han pasado inadvertidos de gente que ha querido boicotear procesos electorales, municipales, regionales, con el uso de la violencia”, señaló.

Según explicó, estos episodios estuvieron vinculados a disputas políticas y al rechazo de determinados sectores hacia candidatos que buscaban llegar al poder. En su análisis, el caso de Sorochuco representa una escalada porque la violencia terminó afectando directamente el desarrollo de los comicios.

Para Antezana, el principal riesgo hacia adelante no está necesariamente relacionado con un eventual retorno de Sendero Luminoso, sino con el crecimiento de las economías ilegales en distintas zonas de Cajamarca.

El investigador señaló que Sorochuco todavía no presenta niveles de violencia comparables con zonas como Pataz o La Pampa, pero advirtió que la expansión de la minería ilegal puede generar enfrentamientos, extorsiones y organizaciones dedicadas a proteger estas actividades.

Antezana también mencionó la presencia de otras economías ilegales en la región, entre ellas actividades vinculadas al narcotráfico. Según sus investigaciones, Cajamarca presenta zonas de producción de coca, además de marihuana y amapola.

El investigador consideró que el escenario podría agravarse si estas actividades continúan expandiéndose y terminan conectándose entre sí. En ese contexto, advirtió sobre la posibilidad de una mayor presencia de bandas criminales, extorsiones y otras actividades asociadas a economías clandestinas.

Antezana pidió observar el caso de Sorochuco dentro de una problemática territorial más amplia. En particular, alertó sobre el crecimiento de la minería ilegal en zonas con potencial aurífero, entre ellas áreas vinculadas al proyecto Conga.

El investigador sostuvo que la expansión de estas actividades puede modificar el escenario de seguridad de la región. “Donde hay narcotráfico y hay minería ilegal en crecimiento”, señaló, existe el riesgo de que la violencia aumente conforme estas economías se consoliden.

No obstante, consideró que Cajamarca todavía no alcanza los niveles de violencia registrados en otras zonas del país. Su preocupación está puesta en el escenario futuro y en lo que podría ocurrir si las actividades ilegales continúan creciendo sin una respuesta estatal efectiva.

La interpretación del ataque como un supuesto “nuevo Chuschi”, en referencia al atentado de Sendero Luminoso contra un local electoral en 1980, también fue cuestionada por Antezana.

El investigador sostuvo que, desde su análisis, lo ocurrido en Sorochuco respondería principalmente a una disputa política local y no a una acción vinculada con una organización terrorista. Según explicó, el objetivo habría sido impedir la victoria de un candidato rechazado por determinados sectores.

Sin embargo, esta interpretación no constituye una conclusión oficial. La Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones para determinar quiénes participaron en el ataque y cuál fue el móvil. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial que vincule el atentado con Sendero Luminoso.

Antezana también marcó distancia entre la violencia criminal y la terrorista. “La violencia criminal no es violencia terrorista”, sostuvo, al cuestionar que el episodio sea interpretado automáticamente bajo esa categoría.

Más allá de determinar a los responsables del ataque, el episodio deja una alerta sobre la posibilidad de que las disputas políticas locales deriven nuevamente en hechos violentos durante futuros procesos electorales.

Antezana consideró que no necesariamente se producirán nuevos ataques de inmediato, pero advirtió que las condiciones para repetir episodios de violencia pueden mantenerse si persisten las disputas por el poder local y el avance de las economías ilegales.

La investigación deberá establecer ahora quiénes organizaron y ejecutaron el ataque contra el colegio David Sánchez Infante y si existió una motivación directamente relacionada con los resultados electorales. Mientras tanto, Sorochuco deja una señal de alerta sobre la relación entre violencia política, disputas locales y economías criminales en Cajamarca.

El caso de Sorochuco no fue el único episodio de violencia registrado durante la jornada. En Chavín de Huántar, provincia de Huari, Áncash, un enfrentamiento entre simpatizantes de Acción Popular y Perú Primero terminó con la muerte de John Montes Casiguamán, de 34 años, quien recibió un disparo en la cabeza. Un policía también resultó herido de gravedad.

Según su esposa, Daniela Trebejo, Montes se encontraba en un parque junto a unos amigos cuando fue alcanzado por el proyectil, luego de presenciar una pelea entre grupos políticos.

En Santa Cruz, Alto Amazonas, Loreto, pobladores cuestionaron la presunta llegada de electores desde Yurimaguas. El reclamo escaló hasta la quema de material electoral en una plaza y posteriormente se reportaron disparos y personas heridas. Representantes de la ONPE, el JNE y personeros tuvieron que refugiarse en viviendas ante la tensión registrada en la zona.

Los incidentes también alcanzaron Balsapuerto, donde la Defensoría del Pueblo confirmó la quema de material electoral y reportó una persona herida.

En Chasqui, Huánuco, manifestantes forzaron la puerta de un local de votación y habrían intentado ingresar para tomar actas y ánforas. La tensión generó preocupación por la seguridad de los trabajadores electorales. En otro incidente, una mujer fue intervenida tras ser señalada de entregar dinero a un elector.

Los episodios tuvieron causas distintas y no existe evidencia que permita vincularlos bajo un mismo móvil. Sin embargo, muestran que la jornada electoral estuvo acompañada de conflictos por presuntos votos golondrinos, disputas entre grupos políticos, cuestionamientos al material electoral y hechos de violencia en diferentes regiones del país.