El desahucio de una jubilada de 87 años en silla de ruedas expone la crisis de vivienda en España

"Me voy de Madrid, porque Madrid no es Madrid. Y la gente de Madrid ya no somos madrileños. Son todos los turistas que tienes en la Gran Vía". De esta forma resumió sus planes inmediatos Maricarmen Abascal, la octogenaria desalojada de la vivienda donde habitó durante 71 años, en declaraciones a RTVE.

Maricarmen se ha convertido en el rostro visible de la crisis habitacional de España. A sus 87 años y confinada a una silla de ruedas, tuvo 30 minutos para reunir pertenencias esenciales, antes de que agentes de policía y funcionarios de servicios sociales la sacaran en camilla hacia una ambulancia, para hacer cumplir un desahucio ordenado por un tribunal a favor de una empresa inmobiliaria.

Atrás quedaron recuerdos atesorados desde que tenía 16 años. También centenares de personas que, con pancartas y consignas de "¡Maricarmen, no estás sola!" y "¡Asesinos!" apoyaban la lucha que durante siete años libró en tribunales para evitar el desalojo.

La mujer de 87 años alquilaba un apartamento ubicado en el exclusivo barrio madrileño de Retiro, pagando menos de 500 euros al mes de acuerdo con el llamado régimen de renta antigua, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que obligaba a la prórroga forzosa: mientras viviera el inquilino, el propietario estaba obligado a renovarle indefinidamente el contrato.

Ese formato fue modificado en 1994, cuando se limitó a dos el máximo de subrogaciones permitidas para cada contrato. En el caso de Maricarmen, la suya era la tercera, pues el convenio de renta original había sido firmado por su padre, luego traspasado a su madre, cuando él murió, y posteriormente de la madre a ella, también por fallecimiento.

La extinción del régimen de renta antigua ha ocasionado más de 4.000 desahucios solo este año, la mayoría de ellos por impago. La cifra, ya de por sí dramática, es inferior a los 6.960 desalojos que se practicaron solo en el segundo trimestre de 2025.

La situación de Maricarmen llegó a un punto de no retorno cuando los propietarios originales de la vivienda la vendieron al fondo de inversión Urbagestión. Según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la empresa inmobiliaria pretendía elevar a 2.650 la renta de la mujer, más del doble de su pensión por jubilación de 1.000 euros al mes.

Durante siete años, ella luchó por distintas vías judiciales para evitar el desalojo, hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de Urbagestión basado en un tecnicismo legal: la discapacidad de 50% de la octogenaria que se movilizaba en silla de ruedas estaba 15 puntos por debajo del umbral que le hubiera permitido quedarse de por vida.