Progreso social en Perú: educación y conectividad avanzan, pero salud y derechos retroceden

En el Perú hay más hogares con internet, más jóvenes que llegan a la educación superior y una mayor cobertura de servicios. Sin embargo, esos avances no han ido de la mano con una mejora general del bienestar. El Índice de Progreso Social Regional del Perú 2026 muestra que el país llegó a 59,3 puntos, apenas 0,2 puntos más que en 2025.

El contraste se vuelve más claro al mirar la última década. Mientras la educación y la conectividad avanzaron en casi todas las regiones, indicadores vinculados con la salud, la nutrición, la libertad de expresión y la participación ciudadana retrocedieron. Es decir, el país ha ampliado algunas oportunidades, pero todavía tiene dificultades para convertirlas en mejores condiciones de vida.

En entrevista con La República, Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP y uno de los autores del informe, resumió el resultado de estos diez años de una manera directa: “Se ha avanzado, pero muy lento, muy lento”.

El índice llegó a 59,3 puntos en 2026, con brechas regionales que persisten pese a los avances de la última década.

El índice, elaborado a partir de 49 indicadores sociales y ambientales, mide tres dimensiones: necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En 2026, el promedio nacional se ubicó en 59,3 puntos, mientras que la dimensión de fundamentos del bienestar —que comprende educación, información y comunicaciones, salud y calidad ambiental— alcanzó apenas 49,4 puntos, el nivel más bajo de las tres.

Los resultados de la última década muestran que el país sí ha ampliado el acceso a educación y conectividad. La asistencia a educación secundaria pasó de 82,4% en 2016 a 93,1% en 2026, mientras que la asistencia a educación superior subió de 66,7% a 84,1%. El acceso de los hogares a internet también creció con fuerza: pasó de 26,4% a 58,9% en el mismo periodo. La conectividad rural fue uno de los avances más marcados, con un incremento de 62 puntos, seguida por la conectividad urbana, que aumentó 46,4 puntos.

El problema aparece cuando se mira qué ha ocurrido con otros indicadores de bienestar. Estos avances no han sido suficientes para evitar retrocesos en áreas como salud y nutrición. Solo entre 2024 y 2025, la desnutrición crónica pasó de 8,6% a 12,1%, mientras que la obesidad aumentó de 25,7% a 27,2%.

Para Guevara, el contraste tiene una explicación que va más allá de cada indicador. "Hay un tema estructural", señaló. Su lectura apunta a las deficiencias en infraestructura social y productiva y a la inestabilidad de las instituciones públicas, factores que dificultan que una mayor cobertura educativa o conectividad termine convirtiéndose en mejores condiciones de vida.

El problema se hace más evidente cuando se observa el desempeño territorial. La costa registra un promedio de 61,6 puntos en el IPSRP, frente a 59 puntos de la sierra y 56,5 de la selva. Moquegua lidera el índice nacional con 66,6 puntos, mientras Puno obtiene 53,7.

La situación de la selva refleja parte de esas diferencias. Guevara señala que las brechas abarcan infraestructura, electricidad, internet, educación, salud, agua y saneamiento. A ello se suman dificultades educativas particulares en algunas zonas, donde el dominio del castellano puede convertirse en una barrera para el aprendizaje de niños cuya lengua materna es otra.

El especialista también cuestiona que la mayor actividad económica de determinadas zonas se traduzca automáticamente en bienestar. Lima Metropolitana, por ejemplo, obtiene 41,6 puntos en fundamentos del bienestar, muy por debajo de otras regiones.

"Habría que recordar que tenemos dos Limas", explicó Guevara. La diferencia, según detalló, se encuentra en las fuertes desigualdades dentro de la propia capital: mientras algunos distritos concentran servicios e infraestructura, en las zonas periféricas todavía existen problemas de acceso al agua, vivienda adecuada, electricidad e infraestructura básica.

Su diagnóstico apunta directamente a la capacidad estatal. La rotación de funcionarios, sostuvo, afecta la continuidad de las políticas y la prestación de servicios. Por ello, plantea una mayor coordinación entre el Gobierno nacional, las regiones y los municipios, además de orientar la inversión pública hacia infraestructura social y productiva.

El balance de la década también muestra retrocesos. Entre los indicadores que más cayeron figuran la salud crónica, la obesidad y la libertad de expresión. La participación ciudadana y otros indicadores vinculados con derechos personales también presentan retrocesos.

Para Guevara, el deterioro de los derechos tiene una relación directa con el progreso social. "Es bien difícil tener progreso social y restricción de derechos", afirmó. En su lectura, la libertad de expresión no es un elemento separado del desarrollo: forma parte de las condiciones que permiten que las personas ejerzan sus derechos y participen en la sociedad.

El especialista también considera que el país necesita pasar de una lógica centrada en ampliar cobertura a otra enfocada en la calidad y continuidad de los servicios. Esto implica fortalecer instituciones, mejorar la ejecución de la inversión y coordinar las políticas entre los distintos niveles de gobierno.

"No es un asunto de invertir mucho dinero, sino de tener políticas bien focalizadas y sobre todo bien implementadas", sostuvo.

El índice muestra que el país necesita convertir esas mayores capacidades en mejores resultados de salud, infraestructura, derechos y oportunidades. De lo contrario, el progreso seguirá avanzando, pero sin cerrar a la misma velocidad las brechas que separan a las regiones.