Condenan a directora de colegio que exigió yape de S/100 para asignar dos matrículas de primaria
La Fiscalía demostró que la autoridad educativa exigió S/100 a una madre de familia por tramitar dos vacantes escolares de primaria. La mujer llegó a concretar un primer adelanto d...
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El Poder Judicial condenó en primera instancia a cinco años de pena privativa de la libertad suspendida a Violeta Luyo, exdirectora de la Institución Educativa N.° 88232 'Santa Rosa', del distrito de Santo Domingo de los Olleros, en la provincia limeña de Huarochirí, tras demostrarse que cobró dinero indebido para tramitar dos vacantes de matrícula escolar de nivel primaria.
La medida fue solicitada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) de Lima Este en el marco de la investigación que se sigue contra la docente por el delito de cohecho pasivo impropio. El Ministerio Público sostiene que la docente solicitó S/100 a cambio de asignar las vacantes escolares.
Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Jennifer Lourdes León Torres demostró que el 16 de diciembre de 2023, la directora solicitó S/100 a una madre de familia para asignar dos vacantes del nivel primaria para sus hijos. Según la acusación fiscal, la funcionaria condicionó el trámite enviándole un número de celular para realizar el pago a través de Yape y se llegó a concretar un primer adelanto de S/50 el 19 de diciembre de ese año.
El despacho fiscal sustentó su acusación presentando la impresión del pago de Yape realizado desde un agente bancario, la Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU que confirma la gratuidad de la matrícula, y el Informe N.° 281-2025-UGEL08C que acreditó que la acusada era la única responsable del sistema SIAGIE en el colegio. A ello se sumaron las declaraciones testimoniales de la madre de familia y de la titular de la cuenta receptora del dinero.
Ante los argumentos de la Fiscalía, el Poder Judicial impuso a Violeta Luyo un periodo de prueba de tres años sujeto a reglas de conducta, así como cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia fijó también el pago de una reparación civil de S/3.001,00 a favor del Estado y 365 días-multa, equivalentes a S/8.668,75.
Este reporte fue elaborado por la redacción de PeruAlDia mediante curaduría y síntesis periodística asistida, con información reportada originalmente por La República .
